Desestimación de denuncia por desfalco en IPS, a cargo del fiscal general
El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández debe resolver si ratifica el pedido de desestimación de la denuncia por el presunto desvío de más de G. 1,6 billones del Instituto de Previsión Social (IPS), ocurrido durante la presidencia de Vicente Battaglia, entre los años 2022 y 2023. Los fiscales encargados de la investigación solicitaron archivar el caso, pero el juzgado dictaminó un trámite de oposición.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó su oposición al pedido de los fiscales Néstor Coronel, Jorge Arce y Luis Piñánez, quienes insisten en la desestimación de la denuncia por el supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023 al IPS.
El magistrado, al analizar la petición inicial, remitió nuevamente la solicitud al grupo de fiscales y, tras la ratificación de estos en su pedido, envió el caso a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, el titular del Ministerio Público decida si ratifica o rectifica la petición.
El juez Otazú argumentó que podrían existir elementos constitutivos de hechos punibles de acción penal pública, según la denuncia realizada, y que la acción penal ya se encuentra instalada.
Sin embargo, los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez fundamentaron en su escrito que:
«Al no existir elementos que induzcan a la causación dolosa de un perjuicio patrimonial, esta fiscalía se encuentra en la imposibilidad de avanzar en el análisis de los demás elementos típicos de un hecho punible contra el patrimonio. Mal podría sostenerse una hipótesis de supuesto detrimento de las arcas del Instituto de Previsión Social”.
CGR detectó perjuicio de G. 1,6 billones
La denuncia fue formulada contra:
- Vicente Battaglia, expresidente del IPS.
- Roberto Brítez Ferreira, consejero.
- Gustavo Ramón Arias, representante de los trabajadores asegurados.
- Ludia Claudina Silvera López, representante del Ministerio de Trabajo.
- Miguel Ángel Doldán Martínez, representante de la patronal.
- Ricardo Vicente Oviedo Medina, consejero.
La denuncia, presentada por la entonces senadora Kattya González, el diputado Rubén Benítez y el Dr. Jorge Brítez, se basa en reportes de la Contraloría General de la República (CGR). En particular, el Reporte CGR N° 53/2023, emitido el 5 de septiembre de 2023, detalla un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023 durante el ejercicio fiscal 2022 y el primer cuatrimestre de 2023.
