La Contraloría General de la República (CGR) ha presentado una denuncia formal contra el Instituto de Previsión Social (IPS) tras un informe de auditoría que reveló un manejo administrativo irregular, incluyendo un aparente despilfarro de $158 millones.
Según Augusto Paiva, subcontralor, los reportes obtenidos en la auditoría realizada en diversas áreas del IPS durante la gestión de Vicente Bataglia, exdirector del instituto, se entregaron a la Fiscalía como parte de la denuncia formal.
El informe de auditoría señala varios problemas, como un descalce de $1.4 millones en obras para el Hospital Ingavi, falta de rendición de cuentas sobre combustibles y lubricantes, y la falta de explicaciones sobre el destino de $15 mil millones de un endeudamiento. En total, se habla de un aparente despilfarro de al menos $158 millones.
Paiva mencionó que se constató el uso de combustible durante el período de vacaciones de los funcionarios del IPS, con cargas por valor de ₲705 millones sin rendición de cuentas. También llamó la atención que un solo funcionario haya hecho cargas por valor de ₲1.059 millones en diferentes lugares del país de manera simultánea.
Además, se ha señalado la emisión de un endeudamiento de hasta ₲50 mil millones, aunque en el contrato y el pagaré se establece que la deuda es de ₲65 mil millones, lo que genera una diferencia de ₲15 mil millones que aún no ha sido justificada.
La denuncia también apunta a que el IPS presentó un balance con cerca de 9,035 bienes que se consideran faltantes, incluyendo equipos médicos con sus costos. Esto sugiere un desorden administrativo significativo en la institución.
En respuesta a la pregunta sobre si hay personas físicas identificadas como responsables en los documentos presentados, el subcontralor confirmó que sí, y que se han identificado a los responsables de cada área, incluyendo al director financiero, de patrimonio y a miembros del consejo de administración.
La denuncia de la CGR y el informe de auditoría ponen de manifiesto la necesidad de investigar a fondo las irregularidades administrativas en el IPS y de garantizar que se tomen las medidas adecuadas para abordar estas cuestiones.
