Un proceso marcado por maniobras judiciales
El caso de la exjueza Tania Irún sigue exponiendo las grietas de un sistema judicial sometido a intereses oscuros. La reciente anulación de una resolución clave golpea a la acusación y reabre el debate sobre cómo ciertos sectores habrían manipulado la justicia para tratar de torcer fallos a su favor.
Destituida en 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras ordenar la transferencia de tierras en Alto Paraguay en un conflicto entre particulares, Irún enfrenta un proceso que muchos consideran que ha sido utilizado cómo una herramienta de presión.
Desde su inicio, dirversas fuentes mencionaron que esta causa vendría siendo utilizada como una advertencia para jueces que desafían intereses poderosos, convirtiéndose en un símbolo de cómo el sistema puede ser manejado para advertir sobre garrotes políticos y judiciales.
El trasfondo «público y visible» se remonta a los audios filtrados de 2017, en los que operadores judiciales y abogados discutían estrategias para influir en fallos de alto perfil. Estas conversaciones mostraron el nivel de control detrás de las decisiones judiciales, y luego cómo el caso Irún ha sido instrumentalizado para infundir miedo y marcar límites a la independencia de los magistrados.
Un nuevo capítulo
Hoy la Corte Suprema enfrenta la tarea de resolver un conflicto de competencias que podría determinar el futuro de un caso que ha dejado al descubierto las dinámicas de presión y manipulación que afectan gravemente la credibilidad del sistema judicial paraguayo.
Ahora, luego del contundente fallo a favor de Tania Irún (ver nota), el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú declaró el conflicto de competencia en la causa que afronta la ex jueza Tania Irún.
Ahora la Corte Suprema de Justicia debe resolver ante qué juzgado se realizará la nueva audiencia preliminar para la exmagistrada.
En respuesta a la resolución de la jueza de Garantías Diana Carvallo, quién se declaró incompetente para atender la causa de Tania Irún; el juez especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú adoptó la misma decisión y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que confirme en qué juzgado se tramitará el caso.
Otazú argumentó que desde el inicio la causa penal que afronta la exjueza Tania Irún fue atendida por un juzgado de Garantías ordinario, el que está a cargo del juez Yoan Paul López, quien fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en la causa, hasta que fue anulada su resolución de elevar el caso a juicio oral y público.
En atención a lo establecido en el artículo 335 del Código Procesal Penal, la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver ahora si la causa penal estará a cargo de la jueza de Garantías Diana Carvallo o del juez Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.
Una vez confirmado al juzgado, deberá fijarse fecha para llevar a cabo la nueva audiencia preliminar, a fin de analizar la acusación presentada por la fiscal adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca.
El Fallo de la Cámara que anuló elevación a juicio
La presente causa fue retrotraída a la etapa de audiencia preliminar luego que el Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital, con voto en mayoría, anulara el Auto Interlocutorio N° 742 del 20 de agosto de 2024, dictado por el juez de Garantías Yoan Paul López, que elevó a juicio oral y público la causa penal que afronta la exjueza Tania Irún Ayala, por supuesto prevaricato.
La resolución del tribunal del alzada fue de oficio con los votos de los camaristas Cristóbal Sánchez (preopinante) y Agustín Lovera Cañete; y el magistrado José Waldir Servín votó, en minoría, por declarar inadmisible el recurso de apelación planteado y confirmar el auto de elevación a juicio oral.
Sánchez concluyó que el hecho punible del que se le acusa a la exjueza Tania Irún es el prevaricato, previsto en el artículo 305 inciso 1° del Código Penal, en concordancia con el Art. 29 Inc. 1° del mismo cuerpo legal. Sin embargo, de acuerdo a lo que resaltó, a lo largo del Auto Interlocutorio N° 742 del 20 de agosto de 2024, no encontró fundamentación alguna de esta conclusión del juez Yoan Paul López.
El camarista agregó que si el juez Yoan Paul López consideraba todos los elementos admitidos como pruebas, el hecho de prevaricato «no hubiera sido establecida en la calificación, por faltar uno de los elementos objetivos de la Ley N° 2532/05 que establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay», según puntualiza en parte de la resolución.
Por su parte el camarista Agustín Lovera Cañete destaca que el 4 de abril de 2024 la fiscal interina Verónica Valdez, solicitó la reapertura de la presente causa y solicitó el sobreseimiento definitivo de la exjueza Tania Irún. Sin embargo, tras la oposición del juez Yoan Paul López, el 18 de julio pasado la fiscal adjunta Soledad Machuca presentó acusación y pidió elevar la causa a juicio oral y público.
Sobre estas posturas contrapuestas de la fiscalía, Lovera Cañete resalta que el juez de Garantías Yoan Paul López tenía el deber de controlar sustancialmente la acusación y no debió limitarse a un análisis formal, en razón a que un proceso penal puede extenderse innecesariamente porque los órganos jurisdiccionales competentes no asumen el rol que les compete.
