Defensa de Nelzo López apela prisión preventiva tras condena por corrupción
El abogado Oscar Tuma apeló la decisión del tribunal que impuso la prisión preventiva al exintendente de Nueva Colombia, Nelzo López Ruíz, tras su condena a 8 años de cárcel y 4 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. La defensa considera que el argumento del peligro de fuga es insuficiente y solicita medidas menos restrictivas.
Argumentos de la defensa
La defensa presentó la apelación sobre el A.I. Nº 02 del 3 de enero de 2025, considerando que se ha hecho una aplicación errónea de los principios de necesidad y proporcionalidad. Según el abogado Tuma, Nelzo López ha cumplido más de tres años de privación de libertad efectiva, incluyendo arresto domiciliario y prisión preventiva, lo que excede ampliamente la pena mínima para el delito imputado. La defensa considera que mantener la prisión preventiva es desproporcionado e injustificado.
Principios jurídicos vulnerados
El abogado también subraya que el uso de medidas cautelares debe ser estrictamente necesario y basado en razonabilidad. Alega que continuar con la prisión preventiva vulnera los derechos procesales del imputado y contraviene los estándares internacionales que prohíben la detención arbitraria. Por ello, solicita que el Tribunal revoque la prisión preventiva y se apliquen medidas menos gravosas, conforme lo establece el artículo 245 del CPP.
Presunción de inocencia y otros agravios
Además, la defensa considera que se ha desconocido el principio de presunción de inocencia al mantener la prisión preventiva. Afirman que esta decisión equivale a imponer una pena anticipada, lo cual está prohibido por la ley. También critican que el tribunal no haya valorado adecuadamente los riesgos procesales y no haya considerado el carácter excepcional de la prisión preventiva.
Contexto de la condena
El 31 de diciembre de 2024, el Tribunal de Sentencia, compuesto por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, condenó a Nelzo López a 8 años de cárcel y le impuso una inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos. La condena fue por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, ocasionando un perjuicio de G. 2.663 millones a la comuna. También se decretó su prisión en una penitenciaría debido al alto peligro de fuga.
Otros condenados en el caso incluyen a Marcelo Simbrón, actual intendente de Paraguarí, con 3 años y 8 meses de prisión, y a Lorenzo Cabrera, exsecretario general, con 5 años de cárcel. También fueron condenados varios otros funcionarios, con penas de entre 2 y 5 años.
