El desvío millonario en la Gobernación de Central: El rol de Robles y su equipo
Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector general de Gabinete de la Gobernación del Departamento Central, ha sido señalado como el principal responsable del desvío de G. 5.105.600.000 destinados a la reactivación económica durante la pandemia de COVID-19. Según las autoridades judiciales, Robles ideó y ejecutó un plan para redirigir estos fondos a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo.
La trama del desvío de fondos
En noviembre de 2020, coincidiendo con la promulgación de la Ley de Apoyo Financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica, Robles se reunió con Tadeo Álvarez Cristaldo. Durante este encuentro, propuso colaborar con la Gobernación para la ejecución de obras civiles, ofreciendo un 10% del monto recibido del Gobierno Central a cambio de utilizar el nombre de la fundación. Además, se comprometió a gestionar la documentación necesaria y a supervisar la ejecución de los trabajos.
Irregularidades en la documentación
La Fundación CIAP, según su estatuto, es una ONG enfocada en apoyar a futuros profesionales de diversas disciplinas, sin relación con la ejecución de obras. No obstante, Robles utilizó su cercanía con el gobernador para convencerlo de desembolsar los fondos a esta fundación. Posteriormente, se descubrió que los documentos presentados para justificar los desembolsos estaban adulterados, incluyendo facturas clonadas y contratos falsificados.
El papel de los funcionarios involucrados
Funcionarios de la Gobernación, como Karina Mazacotte, colaboraron en la elaboración de documentos falsos y en la coordinación de las obras inexistentes. Además, se estableció que Robles dirigió la organización para la creación de documentos fraudulentos, coordinando con otros funcionarios y representantes de la fundación para presentar rendiciones de cuentas falsas ante la Contraloría General de la República.
Consecuencias legales y judiciales
El caso ha tenido repercusiones significativas en el ámbito judicial. Miguel Robles enfrenta cargos por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Además, se han dictado sentencias contra otros involucrados, como Adalberto Benítez Aguilera, exfiscalizador de obras de la Gobernación de Central, quien fue condenado a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena y una multa de G. 50 millones.
Impacto en la Gobernación de Central
Este escándalo ha afectado gravemente la confianza en la administración pública del Departamento Central. La manipulación de fondos destinados a la reactivación económica durante una crisis sanitaria ha generado preocupación sobre la transparencia y la gestión de recursos públicos en la región.
