La empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) ha adjudicado a la compañía Vitol S.A. un contrato para el suministro de gasoíl común, con un costo de adquisición de 115 millones de dólares para 120.000 metros cúbicos del combustible.
Esta cifra representa un aumento en el precio respecto al contrato previo, lo que sugiere una posible subida de precios al consumidor en un futuro cercano.
El titular de Petropar, Eddie Jara, realizó un viaje a Estados Unidos con el fin de buscar precios más competitivos.
Sin embargo, tras la terminación del contrato con AP S.A. de Andrea Lafarja, la licitación fue otorgada a Vitol S.A., que ofreció un precio significativamente más alto que el de su acuerdo anterior.
La oferta de Vitol S.A. fue de 39,558 centavos por galón, lo cual supera notablemente el diferencial de 17,95 centavos por galón de su contrato anterior.
Este incremento en el costo de adquisición implica que Petropar, para mantener los precios actuales, tendría que aumentar sus pérdidas, lo que llevaría a la empresa a considerar un reajuste en los precios del gasoíl en el corto plazo.
Un intento previo de compra bajo la modalidad CIF, que implicaba la entrega del combustible directamente en el puerto de Villa Elisa de Petropar, fue cancelado debido a la elevada oferta presentada por la firma Trafigura Pte. Ltd.
El precio propuesto de 1.020 dólares por metro cúbico resultó excesivo en comparación con la cotización de referencia.
Frente a las consultas sobre si se mantendrán los precios con la nueva compra, la Dirección de Comunicaciones de Petropar aseguró contar con suficiente stock para sostener los precios actuales por varios días.
Sin embargo, el presidente de la empresa, Eddie Jara, no ofreció detalles adicionales sobre el stock disponible ni sobre el impacto que tendría la nueva adquisición en los precios.
En octubre, Petropar decidió renunciar a su margen de distribuidora para mantener el precio del diésel común, lo que resultó en una disminución de sus ingresos.
La estatal vendía a pérdida para cumplir con la promesa electoral de Santiago Peña, lo que provoca una distorsión en el mercado y pone en riesgo empleos en el sector privado.
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