Una investigación reciente ha revelado una discrepancia millonaria entre los registros de recaudación de peajes del Ministerio de Hacienda y los del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Paraguay.
Se ha detectado que hay una diferencia de 185.000 millones de guaraníes en los ingresos reportados por los puestos de peaje de Ypacaraí y Nueva Londres, según lo informado por Hacienda y lo registrado en la cuenta de fideicomiso de la APP Ruta PY02 en el BNF.
El Ministerio de Hacienda reportó que, de enero a diciembre de 2022, la suma de ingresos percibidos fue de más de 103.000 millones de guaraníes, mientras que la cantidad depositada en la cuenta del BNF fue de 288.000 millones de guaraníes.
Esta discrepancia sugiere que los ingresos depositados en la cuenta bancaria no corresponden con la cantidad de vehículos que efectivamente pasaron por los peajes.
La Contraloría General de la República (CGR), en su informe de Auditoría Financiera, ha señalado que no hay correspondencia entre los detalles de los depósitos en la cuenta del BNF y los registros del Ministerio de Hacienda.
La CGR ha enfatizado que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no tiene un control efectivo ni certeza sobre el movimiento real de los ingresos de los peajes, proporcionando información que no es consistente con la realidad.
El informe de la CGR, entregado a la ministra Claudia Centurión, indica una calificación adversa para el balance general del MOPC y destaca varias irregularidades en el manejo de pagos a proveedores y en la información sobre obras realizadas y en ejecución.
A pesar de las graves diferencias encontradas en los registros, hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna investigación ni se han impuesto sanciones, y los responsables del control de la cuenta de Fondo Fiduciario de la APP de la Ruta PY02 no han sido identificados.
Además, se ha observado una serie de omisiones en el proceso de la Alianza Público Privada para la duplicación de la Ruta PY02, incluyendo una notable falta de sanciones.
Desde la firma del contrato en 2017 con el Consorcio Rutas del Este, vinculado al senador Luis Pettengill, se han realizado cambios en el contrato que han resultado en un sobrecosto para el Estado de más de 40 millones de dólares y modificaciones en los plazos de ejecución que contravienen las normativas originales del contrato.
Estos hallazgos ponen de manifiesto serias inconsistencias y posibles irregularidades en la gestión de los ingresos por peaje, lo que podría tener implicaciones significativas para la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones financieras del Estado.
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