El exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac fue condenado a 3 años de cárcel por pedir US$ 50.000 a cambio de un voto suyo. Tras escuchar el fallo el condenado se retiró de la sala de juicios y calificó la decisión como «una vergüenza».
En un fallo histórico en Paraguay un Tribunal de Sentencia declaró culpable al ex integrante de la máxima instancia judicial Miguel Óscar Bajac y lo condenó a 3 años de pena privativa de libertad por haber solicitado una coima de 50 mil dólares por un voto suyo, como integrante de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El colegiado de sentencia presidido por Rossana Maldonado e integrado por Inés Galarza y Juan Francisco Ortiz también condenó a 2 años y 6 meses de prisión, por el mismo delito, al funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán, detenido con parte de los G. 50 millones que se cobró como parte de la coima, en un procedimiento encubierto realizado del 5 de julio de 2018, en la Plaza de la Justicia.
«Es una barbaridad ¡Una vergüenza! Porque no hay ningún elemento», expresó el exministro de la Corte Miguel Bajac al retirarse de la sala de juicios, tras escuchar su condena y cuando la presidenta del tribunal de sentencia aún estaba exponiendo el fallo.
Por su parte el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez, quien había solicitado una condena a 6 años de cárcel para Bajac, y a 4 años de prisión para Ramírez Doldán, anunció que no apelará la sentencia porque está conforme con la decisión del tribunal.
El agente fiscal expresó a la 730 AM que está muy conforme con el fallo judicial, ya que quedaron probadas las conductas que se les atribuía a los hoy condenados. «Acá también es importante el mensaje que se le deja a la ciudadanía, de que nadie está por encima de la Ley. Esto empezó gracias a unos valientes ciudadanos que decidieron denunciar», resaltó Piñánez.
El Ministerio Público probó en el juicio oral que el ilícito se produjo entre diciembre del año 2017 y julio de 2018, periodo en que Bajac se habría incluso reunido con los denunciantes Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta –esta última dueña de la firma Cal Agro SA– para solicitar el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la referida empresa contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000, a cambio del voto favorable a la empresa.
Piñánez resaltó en sus alegatos finales que en un principio, la denunciante refirió que se reunió con Miguel Óscar Bajac y él le dijo que para ayudarle, teniendo en cuenta que había caído en la Corte el expediente de una firma que ella representaba, Cal Agro SA (que demandaba al Estado, concretamente a la Industria Nacional de Cemento).
El fiscal agregó que Bajac propuso a la denunciante que vaya a un estudio jurídico y firme unos poderes, a los efectos de ofrecer la solución que ellos querían: ganar el juicio. Y en una de las cláusulas, en el supuesto pago de honorarios, se simulaba la coima supuestamente, según lo probado por la fiscalía en el juicio.
A su turno la defensa de Bajac, ejercida por los abogados Josefina Aghemo y Raúl Caballero, indicó en los alegatos finales que al momento en que supuestamente se produjo el pedido de dinero indebido, el entonces ministro del máximo tribunal ya había emitido su voto adhiriéndose a sus colegas José Raúl Torres Kirmser y César Antonio Garay, quienes se habían pronunciado en contra de las pretensiones jurídicas de la denunciante de la coima.
