Iván Balbuena, supuesto testaferro del usurero luqueño Ramón González Daher, fue declarado en rebeldía y el juez de Garantías José Agustín Delmás ordenó su captura. Además el procesado por presunta apropiación fue declarado litigante de mala fe, debido a las constantes chicanas que plantea.
Ante los numerosos recursos dilatorios que viene presentando desde marzo de este año, para impedir su audiencia de imposición de medidas, el procesado por supuesta apropiación Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura.
Asimismo el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás Aguiar declaró litigante de mala fe al hijo de la jueza Marlene Ruiz Díaz, sindicado como hombre de confianza del usurero luqueño Ramón Mario González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
“El imputado se encuentra reacio a someterse a este proceso penal que se ha iniciado en su contra, busca amedrentar a este juez penal a fin de dilatar innecesariamente la tramitación del presente proceso penal, con lo cual queda plenamente comprobada la mala fe del incoado”, resalta parte de la resolución del magistrado.
Delmás resaltó también que su resolución tiene como fundamentos el comportamiento del imputado, el ánimo dilatorio y la falta de voluntad de sometimiento a este proceso penal, el ejercicio abusivo del derecho, el ejercicio del poder de disciplina y con la finalidad de tramitar sin dilaciones innecesarias el acto procesal que se encuentra pendiente de sustanciación.
Según la imputación, Balbuena Ruiz Díaz protagonizó una serie de llamativos movimientos con un CDA (Certificado de Depósito de Ahorro) que le fue embargado al exdirigente deportivo, de acuerdo a una denuncia que se encuentra ya en poder del Ministerio Público.
“Los denunciantes ponen a conocimiento del Ministerio Público que en fecha 10 de junio del año 2015 (Finexpar SAECA) ha contratado los servicios profesionales de Iván Balbuena Ruiz Díaz a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demandas de cobros de sumas de dinero en forma judicial y/o extrajudicial para las operaciones financieras de clientes (personas físicas y jurídicas)”, resalta parte de la hipótesis de fiscalía.
Agrega que la firma Finexpar SAECA le ha proporcionado los títulos ejecutivos bajo constancia de recibo de las carteras de clientes para llevar a cabo los servicios de contratos, al parecer comprometiéndose el mismo al resguardo y a la correcta ejecución de estos en el fuero correspondiente.
La imputación agrega que Balbuena Ruiz Díaz estaba obligado por contrato a informar a la entidad financiera sobre los avances de cada uno de los casos bajo su gestión como profesional de derecho. Sin embargo, no cumplió con el compromiso, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
Otra parte del escrito fiscal señala que “la Financiera Finexpar SAECA ha realizado una auditoría de gestión a cargo del Departamento Jurídico, adjuntada a la denuncia, en la cual se han consignado inconsistencias no solo en la tramitación de los juicios, sino además se ha constatado que existen documentos y títulos ejecutivos que le fueron entregados y a la fecha presumiblemente se encontrarían en poder de Iván Balbuena”.
La fiscalía sostiene que “en el citado informe de auditoría, presentado al Ministerio Público en fecha 20 de julio del año 2022, constan los documentos y títulos ejecutivos que no fueron devueltos por Iván Balbuena Ruiz Díaz, por el valor de G. 1.645.904.213″.
