Magistrados enfrentarán proceso penal por presunto prevaricato y producción de documentos falsos
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió, de forma unánime, retirar los fueros a los jueces de paz Carmen Analía Cibils Miñarro, del distrito de La Encarnación; Víctor Nilo Rodríguez Acosta, de La Recoleta; y Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, de La Catedral 2° Turno. Esta decisión permite que los magistrados sean sometidos al proceso penal iniciado por el Ministerio Público en el marco del caso conocido como la «mafia de los pagarés».
Detalles de la decisión del JEM
En sesión ordinaria, el JEM analizó los pedidos de desafuero presentados por la Fiscalía, que imputó a los jueces por prevaricato y producción de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad de uso. Además del desafuero, el JEM resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de los magistrados por la presunta comisión de hechos punibles y solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en el cargo de la jueza Garcete Aquino, ante la gravedad de las acusaciones.
Acusaciones y contexto del caso
La investigación, iniciada en diciembre de 2024, reveló supuestas irregularidades en varios juzgados de paz, donde se habrían tramitado juicios ejecutivos basados en pagarés falsos o ya cancelados, en aparente colusión con empresas de cobranzas. En febrero de 2025, se realizaron allanamientos simultáneos en los juzgados mencionados, incautándose alrededor de 2.700 expedientes relacionados con estas prácticas ilícitas.
Próximos pasos en el proceso judicial
Tras el desafuero, los jueces imputados deberán comparecer ante la justicia ordinaria. El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, ya había comunicado al JEM el pedido de desafuero y admitió la imputación contra los magistrados. Se prevé que las audiencias de imposición de medidas se realicen a partir de la segunda quincena de abril.
Repercusiones y medidas adicionales
La decisión del JEM ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial y ciudadano. Organizaciones de abogados y víctimas de las supuestas estafas han expresado su conformidad con las medidas adoptadas, esperando que se haga justicia y se sancione a los responsables. El proceso continúa en curso, y se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
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LA CONSTITUCIÓN dice que TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY. Entonces los JUECES QUE COMETEN DELITOS deben IR ir a LA CÁRCEL.