La fiscalía presentó acusación contra el periodista Carlos Javier Granada Fernández, por presunto acoso sexual, coacción y coacción sexual; y solicita que el gerente de prensa del Grupo Albavisión vaya a juicio oral y público. El escrito fue presentado por las fiscalas Nathalia Silva, Luz Guerrero y Claudia Aguilera.
Las agentes del Ministerio Público relatan en su acusación los hechos acontecidos contra varias periodistas del Grupo Albavisión, quienes fueron hostigadas con fines sexuales, padecieron actos sexuales a la fuerza y tuvieron que soportar actos no queridos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo.
Al menos seis trabajadoras de prensa de un medio de comunicación televisivo del que Granada era gerente de prensa, denunciaron en mayo de 2022 supuestos hechos de acoso por parte del mismo.
Según la acusación del Ministerio Público, Granada se valió de su cargo de jerarquía e influencia para presuntamente someter a seis víctimas que estaban subordinadas a él.
La fiscalía afirma que el comunicador “habría realizado varios actos con fines sexuales en algunos casos y en otros casos habría realizado actos sexuales concretos contra las víctimas”.
Granada fue imputado el 27 de agosto de 2022, pero recién el 11 de noviembre se puso a disposición de la Justicia y el juzgado de Garantías ordenó su prisión preventiva, medida cautelar que cumplió en la cárcel de Emboscada.
El 19 de mayo pasado el periodista, ahora acusado, obtuvo la libertad ambulatoria, por compurgamiento de la pena mínima, según dispuso el entonces juez de Garantías de la causa Julián López (hoy jubilado).
La decisión del magistrado se dio pese a la oposición del Ministerio Público y la querella representada por el abogado Rodrigo Yódice, quienes argumentaron que el caso se trata de un crimen.
El comunicador acusado por el Ministerio Público tiene prohibición de salir del país, prohibición de comunicarse con las denunciantes y otras medidas de conducta. En caso de incumplirlas, podría volver a prisión.
El 17 de febrero de este año Carlos Granada había abandonado la prisión y pasó a cumplir arresto domiciliario, bajo una fianza de G. 900 millones.
