Los trabajadores del municipio han iniciado un paro indefinido, en protesta frente al local municipal, en reclamo del pago de salarios atrasados. Según la denuncia, hay funcionarios que llevan más de un año sin percibir sus ingresos y además se sienten amenazados con despidos por el Intendente Hugo Gabilán Moreira, debido a diferencias políticas.
El intendente Moreira, por su parte, ha alegado que su ausencia en la municipalidad se debe a compromisos laborales en otras compañías y localidades del departamento, y desestima la protesta, acusando de estratégica y desesperada la actuación del equipo del concejal Julio Polaco Ortiz, candidato a la intendencia en las elecciones de este domingo. Moreira también sostiene que ha heredado siete meses de salarios atrasados y deudas varias de la administración anterior, asegurando que ahora están cerca de solucionar el problema y que se les paga a todos por igual. Sin embargo, dicha aclaración no parece satisfacer a los empleados que siguen sin percibir su sueldo.
Las demandas laborales no solo involucran a empleados de base, sino también a los concejales municipales que respaldan la protesta, al estar en una situación similar. No han recibido dietas y gastos de representación durante tres meses, acumulando una deuda que supera los G. 56 millones.
Algunos funcionarios municipales también manifestaron que vienen soportando constantes amenazas de desvinculación laboral, de parte del intendente municipal, supuestamente por no acompañar la línea política del mismo. Ante estas acusaciones el jefe comunal se defendió, diciendo que todo es una mentira.
Las consecuencias de este conflicto son más que económicas; se reflejan en la vida cotidiana de los empleados, que tienen que hacer frente a sus responsabilidades familiares y financieras sin un ingreso regular. Así lo señaló una funcionaria de la municipalidad.
Es evidente que la solución requerirá más que simples promesas. Los trabajadores municipales solicitan un compromiso concreto de pago de dos meses de salarios atrasados, y exigen un plan para regularizar la situación dentro de 30 días. La escala y persistencia de este conflicto indican que es un problema que no puede ser ignorado, y requiere una solución sostenible y de largo plazo.
En este contexto, parece imperativo que las autoridades competentes intervengan para mediar en este conflicto y ayudar a encontrar una solución que garantice el derecho al trabajo digno y al pago oportuno de los salarios.
