En su informe final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Contraloría General de la República (CGR) ha identificado una serie de deficiencias y debilidades en relación a dos licitaciones realizadas por la entidad. Las licitaciones en cuestión abarcan la compra de equipos de seguridad individual y colectivo, así como la ejecución de obras civiles para la construcción de oficinas en Lambaré.
En el informe, la CGR destaca que la ANDE no presentó la justificación de la necesidad de la licitación para la adquisición de equipos de seguridad, en incumplimiento de las regulaciones establecidas en el Decreto Nº 992/11 que regula la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas. Además, se señala que la ANDE estableció porcentajes diferentes para el anticipo financiero en distintas secciones del Pliego de Bases y Condiciones, lo que causó confusiones en el proceso de contratación.
En el proceso de contratación relacionado con la construcción de oficinas en Lambaré, la CGR encontró que la ANDE no emitió las resoluciones necesarias para aprobar las adendas al Pliego de Bases y Condiciones, lo que contraviene lo estipulado en el Decreto N° 2992/11 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas. Además, se evidenció que algunos certificados requeridos, como el de no hallarse en interdicción judicial y el de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores, estaban vencidos al momento de suscribir el contrato.
Finalmente, la CGR resalta que hubo un incumplimiento en los plazos establecidos por la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas en relación con la suscripción del contrato para las obras en Lambaré. El contrato se firmó ocho días hábiles después de la emisión de la resolución de adjudicación, lo que no se ajusta a lo estipulado por la ley.
En resumen, el informe de la CGR pone de manifiesto una serie de irregularidades en las licitaciones realizadas por la ANDE, desde la falta de justificación y confusión en los términos hasta el incumplimiento de plazos y regulaciones establecidas en las leyes y decretos que rigen las contrataciones públicas en Paraguay. Estas deficiencias podrían comprometer la transparencia y la efectividad de los procesos de contratación de la entidad.
