Una firma que apunta a destrabar inversiones que vienen esperando hace tiempo
El presidente Santiago Peña firmó este martes el decreto que reglamenta la Ley de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), una norma que estaba sancionada pero que, hasta ahora, no contaba con las reglas operativas que hacen falta para que los inversores se animen a entrar. Según se informó, el objetivo del Gobierno es ordenar el terreno para que el sector privado pueda sumar generación eléctrica en un país donde la demanda no para de crecer.
De acuerdo con lo difundido, la reglamentación llega en un momento clave: la matriz eléctrica paraguaya, históricamente apoyada en la hidroelectricidad, empieza a quedar corta frente al consumo creciente y al avance de industrias que requieren mucha energía.
Qué son las energías renovables no convencionales
La sigla ERNC agrupa, según la reglamentación, tres grandes fuentes: solar, eólica y biomasa. Son tecnologías que vienen ganando terreno en la región, pero que en Paraguay tenían un desarrollo limitado, en parte por la falta de un marco regulatorio claro.
Según trascendió, el Gobierno también trabaja en un proyecto en paralelo para incorporar las pequeñas centrales hidroeléctricas en ríos internos, una categoría que no entra en la ley actual pero que se sumaría a la estrategia de diversificación.
A quiénes apunta la norma
De acuerdo con lo informado, la reglamentación abre la cancha a varios frentes:
- Granjas solares de mediano y gran porte.
- Generación eólica.
- Biomasa, aprovechando subproductos del agro y de la industria forestal.
- Pequeñas centrales hidroeléctricas (en el proyecto separado).
- Industrias electro intensivas, con mención específica a instalaciones de inteligencia artificial, un sector que aparece como nuevo demandante de energía en cantidades importantes.
El último punto no es un detalle menor: la posibilidad de que centros de datos y proyectos vinculados a IA se instalen en el país coloca a Paraguay en una competencia regional por atraer ese tipo de inversiones, donde la disponibilidad y el precio de la energía pesan tanto como los incentivos fiscales.
La lectura del Gobierno
El jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, Javier Giménez, sostuvo que la ley ahora reglamentada ofrece «el incentivo adecuado y las reglas claras» para que los capitales privados inviertan con «seguridad y previsibilidad». Según explicó, el sentido último es que el sector privado pueda «aportar» frente a una demanda que la estatal ANDE viene cubriendo cada vez con más esfuerzo.
La lectura de fondo, según se conoció, es que el Estado por sí solo no alcanza para acompañar el crecimiento del consumo, y que destrabar la entrada de privados a la generación es uno de los caminos para evitar un cuello de botella energético en los próximos años.
Lo que todavía queda en zona gris
La reglamentación abre el juego, pero hay puntos que aún no quedaron del todo en claro a partir de la información difundida: no se precisaron los beneficios fiscales concretos para los inversores, ni los plazos de implementación, ni montos de inversión esperados. Tampoco se difundieron cifras sobre cuánta potencia adicional se buscaría incorporar a la matriz por esta vía.
Mientras tanto, lo cierto es que Paraguay suma una herramienta normativa que hasta esta semana estaba incompleta. Para el bolsillo del usuario común y para la planificación del país, lo que se juega no es menor: cuánta energía vamos a tener, de qué fuentes, y bajo qué reglas se va a financiar.
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