La Contraloría General de la República (CGR) ha lanzado una investigación detallada sobre los bienes de 121 jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos, incluyendo los de sus cónyuges, en caso de que no exista una separación de bienes. Esta indagación está motivada por la inminente finalización de los mandatos de estos funcionarios.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, comunicó a ABC que desde el último viernes han estado solicitando a más de treinta instituciones que proporcionen datos referentes al patrimonio de dichos profesionales judiciales.
Torres explicó que esta petición de información provino del presidente del Consejo de la Magistratura, incluyendo en la investigación no solo a los funcionarios mencionados, sino también a sus cónyuges, en los casos en que no exista una separación de bienes.
«Esperamos poder recolectar todos estos informes lo más rápido posible, dada la presión y la necesidad de finalizar este proceso de manera oportuna. Asimismo, hay otros análisis de correspondencia que también son una prioridad para la institución, por lo que también estamos concentrados en ellos», comentó.
«El Consejo de la Magistratura nos ha proporcionado una lista de 121 jueces, fiscales, magistrados y abogados defensores cuyos mandatos están a punto de finalizar. Mientras tanto, estamos solicitando informes paralelamente a los otros trabajos que tenemos en marcha en la institución», añadió Torres.
Estos son funcionarios cuyo mandato concluye este año. Sin embargo, Torres hizo hincapié en que la lista podría expandirse en caso de que surjan denuncias de corrupción.
En cuanto a la transición gubernamental, Torres indicó que aún no han experimentado un aumento considerable en la carga de trabajo, pero aseguró que una vez que finalice este periodo, también tendrán que llevar a cabo revisiones de correspondencia para aquellos que abandonen sus puestos.
Además, han recibido garantías del Contralor General de la República de que se reforzarán los equipos encargados de realizar estos análisis de correspondencia, para facilitar el trabajo.
En lo que respecta al caso de Antonio Fretes, Torres confirmó que hasta ahora no han recibido la declaración jurada que Antonio Fretes, exministro del Tribunal Supremo de Justicia, está obligado a presentar. Sin embargo, se les ha instruido para dar prioridad a este examen en cuanto se presente la declaración.
Finalmente, Torres indicó que esperan finalizar en unos 22 días el análisis de correspondencia de los demás miembros de la familia Fretes. Sobre el exministro, señaló que realizarán el examen hasta su última presentación, pero si no se presenta, no podrán examinar el último año.
