Las diputadas Rocío Vallejo, Kattya González y Norma Camacho declararon este martes en el juicio oral y público que afrontan los directivos de la firma Insumos Médicos (Imedic) Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, por el presunto contrabando de los insumos chinos. La Contraloría detectó un total de 13 irregularidades en el proceso, según resaltó una de las parlamentarias.
En su declaración, la actual senadora electa Kattya González resaltó que un informe de la Contraloría General de la República constató al menos 13 irregularidades en todo el proceso licitatorio para la adquisición de camas, tapabocas, entre otros insumos, al inicio de la pandemia por covid-19, en abril de 2020.
La parlamentaria agregó que la firma Imedic S.A no presentó ningún tipo de muestra de las mercaderías que iba a proveer al Estado, es decir, la adjudicación se hizo prácticamente a ciegas, según expresó.
Por su parte la diputado Rocío Vallejo señaló que el proceso licitatorio estuvo viciado desde el vamos y que la mercadería que llegó a Paraguay, desde el 18 de abril de 2020, no fue la que debió llegar para hacer frente a la pandemia por coronavirus, por eso fue rechazada por el Ministerio de Salud.
La legisladora expresó que ella y sus colegas de la Cámara Baja fueron tratados como “terroristas, payasos y de todo un poco”, pero resaltó que la ciudadanía no se hubiese enterado de este proceso irregular si no intervenían los legisladores.
Vallejo aseguró que el proceso licitatorio estuvo viciado desde el vamos y que la mercadería que llegó a Paraguay, desde el 18 de abril de 2020, no fue la que debió llegar para hacer frente a la pandemia por coronavirus, por eso fue rechazada por el Ministerio de Salud.
A su vez la diputada Norma Camacho recordó que junto a otros parlamentarios hicieron un pedido de informe sobre distintas documentaciones a varias instituciones, pero no tuvieron respuesta sobre el requerimiento.
Juicio oral al clan Ferreira, en etapas de testificales
Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini están acusados junto con el despachante de Aduanas Carlos Gamarra por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Los otros enjuiciados son los funcionarios de Aduanas Guillermo Molina Camp y Gustavo Acosta Acosta, como presuntos autores de los delitos señalados en el Artículo 337 de la Ley 2422/04.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que está presidido por la jueza Elsa García e integrado por sus colegas Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, fijó la prosecución del juicio para el martes 20 de junio, desde las 7:30, con la declaración de siete testigos propuestos por la fiscalía.
Según la acusación de los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia por covid-19, Imedic S.A debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660 millones, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080 millones y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril del año 2020 arribaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron a territorio paraguayo, según puntualiza el Ministerio Público en su acusación.
