Tribunal confirma a la jueza y descarta falta de imparcialidad
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, rechazó la recusación promovida por el exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac Albertini contra la jueza de Ejecución Penal María Lidia Wyder. La decisión, adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.° 455, despeja el planteo defensivo y consolida la continuidad de la magistrada al frente del proceso de ejecución.
La recusación se fundó en los incisos 6 y 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal. La defensa alegó una supuesta falta de imparcialidad objetiva por la intervención previa del camarista Paublino Escobar Garay, cónyuge de la jueza Wyder, en un incidente de recusación resuelto en otra instancia del expediente.
Qué argumentó la defensa y cómo respondió la jueza
Según el planteo, la participación de Escobar Garay en una resolución anterior —cuando integró la Sala Penal de la Corte Suprema— configuraría una incompatibilidad que afectaría la independencia judicial. En su informe, la jueza María Lidia Wyder solicitó el rechazo de la recusación y aclaró que dicha intervención se limitó a la integración de la Sala Penal para resolver un incidente contra otra magistrada, sin relación con la etapa de ejecución ni con decisiones bajo su competencia.
La jueza sostuvo que esa actuación no compromete su imparcialidad ni genera control alguno sobre sus resoluciones en la causa.
Fundamentos del rechazo: no se configuran las causales
Al analizar el pedido, el camarista Arnulfo Arias Maldonado concluyó que las razones invocadas no encuadran en las causales legales. Señaló que las decisiones mencionadas corresponden a otra instancia del proceso y no constituyen motivos previstos por el legislador para apartar a la magistrada.
La camarista Adriana María Giagni Rojas se adhirió a ese criterio y remarcó que la actuación de Escobar Garay se dio “al solo efecto de resolver un incidente aislado de recusación” contra otra integrante de la Sala Penal, sin injerencia ni control sobre la jueza de ejecución recusada. El camarista Gustavo Amarilla Arnica acompañó ambos votos, por lo que el rechazo fue unánime.
Condena firme y orden de captura vigente
Con esta resolución, queda despejado el último obstáculo planteado por la defensa y se mantiene incólume la decisión que ordenó el cumplimiento efectivo de la pena. La causa tiene condena firme luego de que, el 4 de octubre, la Sala Penal de la Corte Suprema declarara inadmisibles los recursos extraordinarios de casación interpuestos por las defensas.
De ese modo, quedaron confirmadas las penas impuestas por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, mediante el Acuerdo y Sentencia N.° 10 del 25 de febrero de 2025, que ratificó la Sentencia Definitiva N.° 316 del 7 de agosto de 2023.
Posteriormente, el 14 de noviembre, la jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer dispuso, por Auto Interlocutorio N.° 224, el levantamiento de las medidas alternativas a la prisión preventiva y ordenó la captura nacional de Miguel Óscar Bajac Albertini y del funcionario judicial Rafael Luis María Ramírez Doldán para el cumplimiento de sus condenas.
El hecho probado y las penas impuestas
En el juicio oral quedó probado que Miguel Óscar Bajac Albertini, cuando se desempeñaba como ministro de la Corte Suprema de Justicia entre diciembre de 2017 y julio de 2018, solicitó una coima equivalente al 5% del monto del capital discutido en un juicio civil promovido por la empresa Cal Agro SA contra la Industria Nacional del Cemento. La indemnización reclamada ascendía a G. 3.700 millones.
El pedido consistió en US$ 50.000 a cambio de emitir un voto favorable en la causa. Por estos hechos, Bajac Albertini fue condenado a tres años de prisión como autor de cohecho pasivo agravado, mientras que Rafael Luis María Ramírez Doldán recibió una pena de dos años y seis meses de cárcel en calidad de cómplice.
🔗 ABC – Rechazan recusación de Bajac contra jueza que ordenó se ejecute pena de cárcel
🔗 El Observador – Rechazan recusación del exministro Óscar Bajac y se abre camino para ejecutar su condena
¿Qué impacto tiene el rechazo de esta recusación en la ejecución efectiva de condenas por corrupción judicial?
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