Se agrava la situación procesal de exfiscales: pena podría llegar a siete años y medio
El proceso contra los exfiscales Hugo Volpe y Armando Cantero se complica. El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, advirtió nuevos hechos punibles: prevaricato y realización del hecho por funcionarios.
La fiscala Laura Giacummo señaló que, si se comprueban todos los ilícitos en el juicio oral, la pena —sobre todo para Volpe— podría alcanzar siete años y medio de prisión.
Delitos imputados y agravantes
Volpe fue acusado por cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal. Ahora se suma la advertencia por prevaricato y realización del hecho por funcionarios.
Cantero enfrenta cargos por soborno agravado y la advertencia por prevaricato como cómplice.
Giacummo explicó que la segunda advertencia agrava la tipificación inicial. Solo este hecho podría elevar la pena hasta cinco años, que se suman al resto de acusaciones.
Hechos investigados
El 29 de junio de 2019, el abogado Edison Francisco Sánchez ofreció a su colega María Alciris Jara, residente en Brasil, gestionar una resolución favorable para su pareja, Sergio de Arruda Quintiliano Netto, alias Minotauro, investigado por crimen organizado.
Sánchez intentó reunirse con Volpe, sin éxito. Luego contactó a Cantero, quien le dio el número de Volpe y le aconsejó tratar directamente con él.
El 2 de julio de 2019, Sánchez se presentó ante Volpe. Allí acordaron el archivo de la causa a Minotauro.
Días después, se compró un set de pluma estilográfica Mont Blanc, valuado en G. 6.777.050, entregado a Volpe el 18 de julio junto con la resolución de archivo.
El 19 de julio, Alciris autorizó el pago de honorarios y Sánchez confirmó que entregaría “los 10” a Cantero como agradecimiento.
Chats y pruebas
Según la fiscala, los mensajes de WhatsApp y el cuadro de investigación fiscal muestran cómo se gestionaron los pedidos para beneficiar a Minotauro. “Esos pedidos también se pueden observar en el cuadro de investigación fiscal que se llevaba a cabo en la unidad de narcotráfico; las presentaciones de los pedidos y el archivo que para el Ministerio Público no correspondía”, indicó Giacummo.
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