Lista de sancionados impacta escenario político municipal paraguayo
La Contraloría General de la República (CGR) sancionó a más de 160 intendentes y ex intendentes por no presentar sus declaraciones juradas dentro del plazo legal establecido. La lista incluye autoridades actuales y ex jefes comunales de distintos departamentos del país.
Las multas varían según los días de atraso y, en algunos casos, superan los G. 29 millones.
Central concentra varias de las sanciones más elevadas
En el Departamento Central aparecen nombres de autoridades comunales actuales y anteriores que fueron multadas por incumplir con la presentación de sus documentos.
Entre los casos resaltan:
- Aníbal Gómez, ex intendente de Mariano Roque Alonso.
- Carolina Aranda, actual intendenta de Mariano Roque Alonso.
- Rosa Agustín González, actual jefe comunal de Lambaré.
- Ex autoridades de Ypacaraí, San Lorenzo e Ypané.
Cada uno recibió sanciones de hasta G. 26.415.300.
Solo en Central, las multas acumuladas alcanzan aproximadamente G. 237 millones.
Alto Paraná también figura en la lista negra
El Departamento de Alto Paraná registra varios ex intendentes sancionados por la Contraloría General de la República.
Entre ellos aparecen:
- Martín Quiñónez, ex intendente de Minga Porã.
- Alberto Almada, ex jefe comunal de Domingo Martínez.
- Everaldo Acosta, ex intendente de Ñacunday.
Las sanciones en este departamento suman más de G. 96 millones.
Uno de los montos más altos corresponde a Alberto Almada, con una multa cercana a los G. 30 millones.
Cómo funcionan las multas por declaraciones juradas
La legislación obliga a cada funcionario público a presentar dos declaraciones juradas: una al asumir el cargo y otra al dejar la función pública.
El plazo máximo es de 15 días hábiles.
Cuando no se cumple, la multa inicia en el 20% del salario y aumenta según el tiempo de mora.
La CGR explicó que si el funcionario continúa sin regularizar su situación, puede sufrir retenciones salariales mientras siga ocupando el cargo.
Más de mil sumarios ya fueron concluidos
Según datos oficiales, los procesos administrativos comenzaron en 2020 y actualmente la Contraloría ya concluyó más de 1.000 sumarios administrativos relacionados con incumplimientos en la presentación de DDJJ.
La situación vuelve a poner bajo la lupa el nivel de transparencia y control sobre las autoridades municipales del país.
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