Mafia de tobilleras electrónicas sacude juzgado de San Lorenzo
Una presunta red de cobro de coimas para obtener arrestos domiciliarios con tobillera electrónica derivó en la detención de una funcionaria judicial y el allanamiento del Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de San Lorenzo. La investigación apunta a un supuesto esquema de intermediación irregular que también salpica a funcionarios judiciales y del Ministerio del Interior.
Detención tras entrega vigilada en un shopping
La agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, encabezó el operativo que terminó con la captura de Antonia Galeano, funcionaria de la Sección Estadística del Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo.
Según el Ministerio Público, la mujer fue detenida durante una entrega vigilada de dinero realizada en el estacionamiento del Shopping San Lorenzo. La investigación se inició tras la denuncia de la familia de un procesado por narcotráfico, quien supuestamente debía pagar dinero para acceder al arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La Fiscalía sostiene que Galeano habría solicitado inicialmente G. 6 millones para “intermediar” con autoridades judiciales y garantizar el beneficio procesal. De acuerdo con los antecedentes, primero se entregaron G. 3 millones y posteriormente se exigió el pago restante, además de otro G. 1 millón que supuestamente estaba destinado a funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), dependiente del Ministerio del Interior.
El dinero utilizado en el operativo fue previamente fotocopiado por los investigadores y posteriormente hallado en poder de la funcionaria, según la versión fiscal.
El caso del procesado por narcotráfico
La causa que desencadenó la investigación se remonta al 29 de agosto de 2025, cuando Marcelo Fabián Peña Mancuello fue detenido durante un allanamiento realizado en San Lorenzo por agentes de Antinarcóticos y el fiscal Fernando Javier Meyer Gini.
El hombre fue imputado por tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes, conforme a los artículos 27 y 44 de la Ley 1.340. Posteriormente, la jueza de Garantías María Elena Cañete Acosta ordenó su prisión preventiva en Tacumbú.
El 28 de febrero de este año, la Fiscalía presentó acusación y la causa fue elevada a juicio oral, aunque únicamente por el hecho punible de tenencia, quedando excluida la figura de comercialización.
Durante el proceso, el abogado defensor Vicente Adolfo Rodríguez Barreto —exfiscal— presentó varios pedidos de revisión de medidas. Todos habían sido rechazados por el juzgado.
Sin embargo, el 20 de abril pasado volvió a solicitar arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Al día siguiente, la jueza ordenó la verificación técnica del domicilio por parte de la OMDEC.
Las sospechas sobre el pedido de dinero
El informe técnico fue entregado el 22 de abril a las 11:32, pero, según los antecedentes divulgados, la jueza ya había rechazado el pedido de arresto domiciliario a las 10:15 de ese mismo día, argumentando supuestamente que el reporte no llegó dentro del plazo.
Ese mismo día, según la denuncia, Antonia Galeano se habría comunicado con la familia del procesado para solicitar dinero a cambio de intervenir ante el juzgado y lograr el beneficio.
La familia denunció posteriormente que la funcionaria supuestamente afirmó que el dinero sería repartido entre autoridades judiciales y funcionarios vinculados al monitoreo electrónico.
Finalmente, el 24 de abril, el juzgado concedió el arresto domiciliario con tobillera electrónica a Marcelo Fabián Peña Mancuello.
La Fiscalía sospecha que el supuesto esquema operaba mediante pedidos de dinero para agilizar o garantizar medidas sustitutivas en causas penales.
Allanamientos e incautación de celulares
Tras la detención de la funcionaria, agentes fiscales y policiales allanaron oficinas de la Sección Estadística y de la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de San Lorenzo.
Durante el procedimiento fueron incautados documentos originales, copias certificadas, celulares y dispositivos de almacenamiento. También se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos.
Según la información preliminar del Ministerio Público, igualmente fue allanado el despacho de la jueza María Elena Cañete Acosta y se incautó el teléfono celular de la actuaria Claudia Sanabria.
Hasta el momento, la Fiscalía investiga presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. Las diligencias continúan para determinar si existen más personas involucradas en el supuesto esquema.
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