Informe revela falta de G. 3.000 millones en Instituto José P. Guggiari
La abogada Basilisa Vázquez, miembro del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentó una denuncia penal tras detectar un faltante de G. 3.000 millones en el Instituto José P. Guggiari. El caso ya se encuentra en manos de la fiscal Nathalia Silva, dado que se trata de dinero público proveniente de subsidios estatales.
La denuncia se basa en los resultados de una auditoría interna, donde se constata la ausencia total de respaldo documental sobre el uso de los fondos. Los documentos ya fueron entregados al Ministerio Público para iniciar el proceso investigativo.
Fleitas se defiende y niega las acusaciones
El presidente del PLRA, Hugo Fleitas, rechazó categóricamente la denuncia. Afirmó que se trata de una “falacia” impulsada por conflictos internos del partido y aseguró que todos los fondos están debidamente justificados. Agregó además que las rendiciones están disponibles públicamente.
Fleitas dijo que no renunciará a su cargo y que las acusaciones son parte de una “maniobra política”. Afirmó que el Instituto José P. Guggiari se ha manejado con transparencia y conforme a las normativas vigentes.
Auditorías previas ya habían revelado anomalías
No es la primera vez que el Instituto está bajo sospecha. Una auditoría del periodo 2023–2024 había detectado un desorden administrativo con irregularidades por más de G. 1.300 millones, especialmente en pagos de honorarios, uso de combustible, hospedajes y contratación de servicios sin justificación.
Entre los hallazgos se encontraron gastos por más de G. 154 millones en hospedajes y combustibles, sin documentación que respalde capacitaciones u otras actividades institucionales.
Impacto en el oficialismo liberal y presión por transparencia
La denuncia golpea directamente al oficialismo dentro del PLRA y reaviva el pedido de transparencia financiera dentro del partido. Exdirigentes y militantes exigen una investigación profunda, sanciones si corresponde, y un compromiso institucional real con el uso adecuado de los recursos públicos.
La expectativa recae ahora en la respuesta del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República (CGR), que deberán esclarecer si existió o no malversación de fondos.
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