Corrupción judicial: los nombres detrás de la mafia de los pagarés

Contraloría investiga a jueces de paz implicados en la «mafia de los pagarés»

La Contraloría General de la República ha comenzado a recibir informes sobre los bienes de nueve jueces de paz de la capital, junto con actuarios y ujieres, cuyas declaraciones juradas están bajo un minucioso estudio de correspondencia. Esta acción se deriva de una solicitud de la Corte Suprema de Justicia, basada en una auditoría que surgió tras publicaciones que evidenciaban el lujoso estilo de vida de ciertos funcionarios judiciales. Estos empleados, en presunta complicidad con magistrados y otros funcionarios, estarían involucrados en la denominada «mafia de los pagarés», un esquema que incluye el secuestro ilegal de vehículos.

Funcionarios bajo escrutinio

La Contraloría ha priorizado a 40 individuos de una lista que supera los 147 funcionarios, incluyendo a los jueces de paz. Entre los principales investigados se encuentran:

• Gustavo Villalba Báez, juez de paz de La Catedral 1º Turno.
• Nathalia Guadalupe Garcete, jueza de paz de La Catedral 2º Turno.
• Liliana González de Bristot, jueza de paz de San Roque.
• Carmen Analía Cibils, jueza de paz de La Encarnación.
• Víctor Nilo Rodríguez, juez de paz de La Recoleta.
• Elvira Margarita Franco, jueza de paz de Villa Morra.
• Gloria Machuca Cardozo, jueza de paz de Trinidad 1º Turno.
• Alejandro Alcides Peña, juez de paz de Trinidad 2º Turno.
• Lourdes Yumi Piñeiro, jueza de paz de Santísima Trinidad 3º Turno.

Estos magistrados, junto a ujieres y otros funcionarios, habrían conformado un esquema para iniciar procesos y falsificar pagarés y notificaciones, con el objetivo de embargar los salarios de las víctimas.

Medidas adoptadas por la Corte Suprema

Ante las denuncias sobre este esquema fraudulento en los juzgados de paz de la capital, conocido como la «mafia de los pagarés», el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ha tomado las siguientes acciones:

• Auditoría inmediata de los nueve juzgados implicados, con el fin de identificar posibles irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos y determinar a los responsables.
• Estudio de correspondencia de bienes de los funcionarios involucrados, en colaboración con la Contraloría General de la República.
• Control estricto sobre los horarios de entrada y salida de los funcionarios, incluidos los magistrados, para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.

Estas medidas buscan esclarecer las denuncias y asegurar la transparencia en el funcionamiento de los juzgados de paz.

Suspensiones y acciones disciplinarias

Como parte de las acciones disciplinarias, la Corte Suprema ha suspendido con goce de sueldo básico a las juezas Carmen Analía Cibils, del juzgado de paz de La Encarnación, y Liliana González de Bristot, del juzgado de paz de San Roque. Además, se ha ordenado un sumario administrativo y la remisión de todos los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público. Los funcionarios de las juezas suspendidas también están bajo investigación y han sido separados de sus cargos mientras se desarrollan las indagaciones.

Reacciones y expectativas

Las medidas adoptadas por la Corte Suprema han generado diversas reacciones en la comunidad jurídica y en la ciudadanía. Algunos consideran que las acciones son necesarias para restaurar la confianza en el sistema judicial, mientras que otros esperan que las investigaciones se realicen de manera exhaustiva y transparente, y que se sancione a todos los responsables involucrados en este esquema fraudulento.