Confirman proceso a seis imputados por caso «detergente de oro»
Cámara de Apelaciones ratifica imputaciones
La Cámara de Apelaciones Especializada en Delitos Económicos y Corrupción confirmó la imputación por presunta lesión de confianza y asociación criminal contra seis de los 22 procesados en el caso de la supuesta compra sobrefacturada de detergente para la Municipalidad de Asunción. Entre los principales imputados se encuentra el intendente Óscar «Nenecho» Rodríguez, quien cumple medidas alternativas a la prisión bajo una fianza de G. 500 millones.
El fallo, emitido por los camaristas Silvana Luraghi, Cristóbal Sánchez y Digno Arnaldo Fleitas, dio vía libre al juez Rodrigo Estigarribia para avanzar en la imposición de medidas cautelares contra los seis acusados.
Procesados clave en el esquema de corrupción
Entre los imputados con apelaciones rechazadas figuran:
- Wilfrido Adrián Cáceres Flores, exjefe de Gabinete de «Nenecho» Rodríguez.
- Agustín Fernández y Miguel Ángel Lisboa, socios de la firma DFR SA.
- Nadia Rosa López, exdirectora general de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre municipal.
- David Fernández, socio de la firma DFR SA.
- Edwin López Cattebeke, exdirector general de Administración y Finanzas, en reemplazo de Wilfrido Cáceres.
El Ministerio Público alega que estos funcionarios y empresarios formaron parte de un esquema delictivo destinado a simular la provisión de productos de limpieza durante la pandemia de covid-19.
Perjuicio de G. 1.830 millones a la Municipalidad
La investigación sostiene que los acusados habrían causado un daño económico de G. 1.830 millones a la Municipalidad de Asunción. Según el Ministerio Público, la estructura delictiva utilizó figuras legales como contratos, emisión de cheques, certificados presupuestarios y resoluciones para desviar fondos públicos.
La denuncia inicial fue presentada por las diputadas Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García, junto a los concejales Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Buongermini, además de los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama.
Extensión del caso al 2021
Aunque la denuncia original abarcaba solo el periodo 2020, la investigación se amplió al 2021 tras detectarse un contrato adicional no incluido en el informe de la Contraloría General de la República (CGR). Según el Ministerio Público, en ambos periodos se identificó la participación de las mismas empresas, lo que reforzó la hipótesis de una estructura organizada para el fraude.
