Sin consejo ni superintendencia: un año sin avances
A un año de la promulgación de la Ley N.º 7235/2023, que establece el rol supervisor del Estado sobre las cajas de jubilaciones y pensiones, el panorama sigue sin cambios. La normativa, impulsada por el gobierno actual para garantizar el manejo responsable de los fondos previsionales, enfrenta graves retrasos en su implementación.
Consejo de Seguridad Social: sin conformar
La ley prevé la creación del Consejo de Seguridad Social, pero hasta ahora no se ha logrado integrarlo. Los representantes de los jubilados y trabajadores no han sido designados debido a falta de consenso sobre el proceso de elección, lo que impide avanzar en la selección de la terna para la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
El consejo debe incluir a los siguientes representantes:
- Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP).
- Ministro de Economía.
- Ministra del Trabajo.
- Representante de Feprinco (ya cuenta con una terna de candidatos).
- Representante de jubilados y trabajadores (pendientes de designación).
Sin estructura ni presupuesto
La ley otorga a la Superintendencia un plazo de 24 meses para diseñar su estructura y operar, pero no cuenta con presupuesto asignado para 2025. El Ministerio de Economía había propuesto G. 2.000 millones para su funcionamiento, pero el Congreso rechazó la creación de cargos excepcionales, complicando aún más la implementación.
Cajas deficitarias: una carga para el Estado
Mientras se espera la implementación de la Superintendencia, las cajas de jubilaciones enfrentan un panorama crítico:
- Caja Fiscal: Acumula un déficit del 42%, equivalente a más de G. 2 billones (US$ 260,8 millones), financiado principalmente con impuestos. Las reservas se agotarían en 2027, obligando al Tesoro a cubrir el 100% del déficit.
- Caja Municipal: Denuncias de corrupción y retrasos en el pago de haberes afectan gravemente a los jubilados.
Apuran cambios en el IPS
El gobierno impulsa la reforma del Instituto de Previsión Social (IPS), proponiendo aumentar de 3 a 10 años el periodo de cálculo para los haberes jubilatorios. Este proyecto, en análisis en el Congreso, genera rechazo entre los trabajadores, quienes alertan sobre una posible reducción de beneficios.
Urgencia en las reformas
La falta de avances en la implementación de la ley refleja un panorama preocupante para la sostenibilidad del sistema previsional paraguayo. Sin un plan efectivo, las cajas de jubilaciones seguirán siendo una carga fiscal, amenazando el bienestar de los jubilados y el equilibrio económico del país.
