Garay apunta a abogados por juicios contra docentes
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay, solicitó la suspensión preventiva de abogados vinculados al esquema conocido como “mafia de pagarés”, en una intervención donde cuestionó la continuidad de estos profesionales en el ejercicio de la abogacía mientras enfrentan procesos penales.
Según el magistrado, la medida busca evitar que se sigan promoviendo demandas judiciales que, a su criterio, afectan directamente a sectores vulnerables como docentes y personal de salud. El planteamiento se dio en el marco de las denuncias que se vienen acumulando contra este esquema, que ya generó imputaciones, acusaciones y causas en curso.
Cuestionamiento directo a abogados imputados
Durante su exposición, el juez César Garay fue enfático al señalar que existen abogados que, pese a estar imputados o acusados —e incluso con juicios orales pendientes—, continúan litigando en causas vinculadas al mismo esquema.
El ministro calificó esta situación como incompatible con el ejercicio ético de la profesión. En ese sentido, afirmó que estos profesionales siguen impulsando procesos judiciales que describió como “trágicos” e “infames”.
“Es agresivo que se estén presentando, patrocinando y llevando adelante juicios tan dañinos contra honorables maestras, sacrificadas enfermeras”, expresó el magistrado, al referirse a las víctimas de estos casos.
Reclamo basado en denuncias y víctimas
Garay fundamentó su pedido en el creciente número de denuncias de personas afectadas, quienes —según indicó— actuaron “con absoluta buena fe” al firmar documentos que posteriormente derivaron en reclamos judiciales cuestionados.
El magistrado sostuvo que su planteamiento responde al reclamo social. “Acogiendo el clamor de la ciudadanía, no solo de las víctimas, sino de las personas de bien”, señaló durante su intervención.
Además, advirtió que en estos casos se registran prácticas como el “vaciamiento de cuentas” de las víctimas, situación que —según indicó— ya es conocida tanto en instancias judiciales como en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Pedido formal de suspensión preventiva
El fallo o planteamiento del ministro fue dirigido al pleno de la Corte y, en particular, al Consejo de Superintendencia, órgano que tiene competencia en materia disciplinaria.
En su solicitud, pidió expresamente la suspensión preventiva de las matrículas de los abogados involucrados mientras avanzan las causas en su contra.
“Muy respetuosamente solicito que se suspendan preventivamente esas matrículas en el ejercicio de tan noble profesión”, afirmó.
El magistrado también cuestionó el impacto institucional de estas prácticas, al señalar que contribuyen al desgaste del sistema judicial y a una eventual “perversión” del funcionamiento de la justicia.
Impacto en el sistema judicial
El planteamiento de Garay busca abrir un debate interno dentro del Poder Judicial sobre el control del ejercicio profesional en casos donde existen investigaciones en curso.
Según expuso, permitir que abogados imputados continúen litigando en causas relacionadas con el mismo esquema podría afectar la credibilidad del sistema y generar nuevos perjuicios a las víctimas.
Hasta el momento, no se detalló cuántos profesionales serían alcanzados por la eventual medida ni en qué etapa procesal se encuentran todos los casos vinculados, por lo que este punto queda pendiente de verificación.
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