En Carapeguá, los concejales municipales han presentado ante el Ministerio del Interior un pedido de intervención en la gestión del reelecto intendente Luciano Cañete. La resolución N°210, aprobada por dos tercios de los miembros del cuerpo legislativo, argumenta que Cañete ha mostrado un mal desempeño en sus funciones desde 2022 hasta mayo de 2023.
Los ediles, liderados por la presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos, y el secretario de la Junta Municipal, Francisco Yamil Abdala, han presentado documentación que respalda las acusaciones de malversación de fondos y otros graves delitos supuestamente cometidos por el intendente.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/RGZFJTRF6VF6BC3RVEYSFOHQEE.jpg)
Los concejales insisten en que la observancia del derecho público es esencial para la República y que la conducta tanto de los gobernantes como de los gobernados debe estar regulada por la ley. Por ello, ven urgente la intervención de la Municipalidad local bajo la gestión de Cañete.
Tras un análisis detallado de la situación económica, financiera, patrimonial y de recursos humanos de la Municipalidad de Carapeguá, los concejales concluyen que la intervención es la única manera de restaurar el orden institucional y de la intendencia local.
La solicitud de intervención se debe, en parte, a la falta de respuesta del intendente a los reiterados pedidos de informes solicitados por el cuerpo legislativo. Los concejales están preocupados por la falta de claridad en la rendición de cuentas, el estatus del programa de almuerzo escolar, y el presunto uso descuidado de los recursos municipales.
Los ediles también cuestionan la falta de transferencias en tiempo al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación, que asciende a más de G. 141.780.812, así como a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, con un valor de G. 21.860.000. Otras preocupaciones incluyen la retención indebida de las dietas de los concejales municipales del año 2021, y llamados y adjudicaciones realizadas sin cumplir con los criterios establecidos.
Entre las irregularidades específicas citadas, se incluyen pagos sospechosos por servicios de consultoría ambiental y la construcción de una canaleta de agua en la Compañía Cerro Pinto, realizada por una empresa privada pero con maquinaria y operarios de la Municipalidad. Según los concejales, todas estas situaciones requieren una investigación.
Primer desafio de Diputados
Este pedido se suma a varios que ya se encuentran en manos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
Al menos media docena de administraciones municipales afrontan pedidos de intervención debido a las groseras irregularidades detectadas en el manejo del dinero de sus contribuyentes. Los municipios sobre los que pesan pedidos de intervención son: Loma Grande (Cordillera), Caapucu (Paraguari), Puerto Casado (Alto Paraguay), Ñemby (Central), Valenzuela (Cordillera) y Tomás Romero Pereira (Itapúa).
Tres de esos procesos ya se encuentran en manos de comisiones de la Cámara de Diputados, órgano del Poder Legislativo que cuenta con las atribuciones constitucionales para el estudio de estos pedidos. Otros tres casos duermen en poder del Ministerio del Interior o de la Presidencia de la República, instituciones que deberían ser expeditivas para remitir los documentos.
Esta excesiva demora del Poder Ejecutivo podría convertir estos pedidos de intervención en la primera gran prueba de la nueva Cámara de Diputados, cuyos miembros juraran en días más. A continuación, los datos por los cuales se piden las intervenciones y el estado de cada caso, iniciando por los más avanzados.
Loma Grande
El caso más avanzado es el de la comuna que forma parte del departamento de Cordillera y encabezado por José Vera Benítez (PLRA).
Durante la sesión del miércoles pasado, el diputado Roberto González solicitó que el estudio del dictamen de la Comisión especial de Intervención de la comuna se incluya entre los primeros cinco puntos del orden del día de la sesión que tendrá lugar el proximo miercoles 21 de junio.
La Comisión es presidida por el diputado Hugo Ramírez y el intendente Vera Benítez compareció ante ella el 5 de junio para presentar su descargo. Previamente, los concejales colorados Francisco Vera Ortiz, Carlos Antonio Estigarribia Cuenca, Carlos Antonio Sosa Vera, Selene Alessandra Jiménez Von Kreimayr y Adrián Alberto Cubilla Valdez presentaron acusaciones contra el intendente.
Las acusaciones se refieren a presuntas irregularidades administrativas, que también dieron lugar a una denuncia penal por supuesta lesión de confianza ante la Fiscalía en junio de 2022. Se alega que el intendente no presentó su rendición de cuentas del año 2022 y que se realizaron adjudicaciones irregulares por un monto de G. 322.500.000, así como desembolsos de G. 235.038.078 sin aval de la Junta Municipal. Además, se mencionan despidos injustificados de funcionarios municipales.
Estos señalamientos han generado un debate en el ámbito legislativo y se espera que el estudio del dictamen de la Comisión especial sea discutido y analizado en el marco de la sesión.
Caapucú
Este es otro caso que también ha llegado a instancias de la Cámara de Diputados. Durante las últimas semanas, siete de los 12 concejales de Caapucú han reafirmado su denuncia sobre la falta de transparencia y la gestión deficiente del intendente Gustavo Penayo (ANR-cartista). Ante la Comisión de Intervención Municipal, presidida por el diputado Ángel Paniagua, los concejales han expresado su preocupación y han solicitado un estudio exhaustivo sobre los nueve puntos de la denuncia.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran el destino de G. 1.500 millones recibidos en concepto de royalties por la Municipalidad de Caapucú, así como la utilización de los G. 3.900 millones provenientes de la gestión anterior. También se ha planteado el tema de una deuda de más de G. 100 millones en la Caja de Jubilaciones, a pesar de los descuentos mensuales realizados a los funcionarios. Además, se exige información sobre la multa impuesta por la Secretaría de la Función Pública debido al incumplimiento de la ley de transparencia, así como la falta de entrega del almuerzo escolar durante dos años.
Posteriormente, el intendente Penayo fue convocado por la comisión de diputados para dar su versión de los hechos. En su defensa, alegó ser un “perseguido político” y afirmó que las acusaciones carecen de fundamento. Asimismo, agradeció a los medios de comunicación por difundir la denuncia de la Junta Municipal, argumentando que cualquier publicidad, positiva o negativa, es beneficiosa en el ámbito político.
La comisión encabezada por Paniagua anunció que analizará las documentaciones presentadas por ambas partes para realizar una evaluación exhaustiva de la situación.
Puerto Casado y el caso que duerme en Diputados
Son dos los pedidos de intervención sobre la comuna de Puerto Casado, encabezada por Hilario Adorno (ANR) que durmieron en el Ministerio del Interior durante meses .
El primer pedido de intervención tiene fecha del 01/12/2022, el segundo pedido fue enviado el 23 de mayo del presente año, ambos fueron remitidos al actual ministro del Interior Federico González, con el objetivo de que sea intervenida la administración de Adorno, colorado abdista; sin embargo, las dos notas se quedaron en las oficinas del secretario de Estado hasta el pasado 8 de junio, fecha en la que se remitió al presidente de la República, para que este cumpla con el trámite administrativo de remitir a la Cámara Baja.
El mandatario remitió el documento finalmente el pasado 18 de junio.
Los concejales alegan mal desempeño en las funciones del jefe comunal, razón por la cual se solicita la intervención, en base a lo que establece la propia Constitución Nacional y las leyes complementarias.
Los actuales diputados tienen pocos días para aprobar que avance el proceso. Si no lo consiguen, en el siguiente periodo parlamentario se deberá lidiar con que el hermano mayor del intendente, Domingo “Mino” Adorno, sea uno de los que analice el pedido, esto debido a que el mismo vuelve a la Cámara Baja luego de un paso repleto de irregularidades por la Gobernación de Alto Paraguay.
Adorno es uno de los seis intendentes que aún no han presentado rendiciones de cuentas sobre el destino de más de G. 760 millones que recibió la municipalidad en el primer cuatrimestre del año, provenientes de fondos de Fonacide y Royalties.
En abril pasado, el jefe comunal de Casado fue imputado por utilizar fondos de la municipalidad para comprarse una camioneta nueva. Según un informe de la Fiscalía, el vehículo supuestamente iba a ser utilizado por la comuna, pero terminó a nombre del político.
Concejales municipales casadeños acercaron a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Diputados y hasta al Ministerio de Hacienda una serie de denuncias sobre irregularidades groseras cometidas por la administración de Adorno.
Entre las denuncias figuran el desvío de dinero, la emisión de cheques sin fondos para el pago a proveedores, la adquisición de bienes por parte del intendente aparentemente con recursos de la municipalidad y el no pago de salario a funcionarios y ediles.
Habrá que ver si se solicita aplicar la ley contra conflicto de intereses, que obligaría a la inhibición de votar al hermano del intendente Hilario, el diputado José Domingo “Mino” Adorno (ANR).
Valenzuela y otro cajoneo
Otro ejemplo del “cajoneo” a instancias del Poder Ejecutivo es el pedido de intervención a la municipalidad de Valenzuela, liderada por Mirtha Fernández (PLRA) acusada y con pedido de juicio por supuesta “asociación criminal y lesión de confianza”.
La intendenta liberal acarrea denuncias por mala gestión desde hace años, pero aún así logró la reelección.
Desde marzo de este año el pedido de intervención aprobado por la Junta está congelado en el Ministerio del Interior.
Ñemby
Uno de los pedidos más recientes. A principios de este mes, la Junta Municipal de Ñemby aprobó por unanimidad el pedido de intervención a la gestión del intendente Tomás Olmedo (ANR, FR) por supuesto mal desempeño y falta de transparencia en su gestión.
En este caso, hasta su correligionarios concejales votaron por la intervención, denunciando por supuestos desembolsos irregulares a través de presuntas obras sobrefacturadas y licitaciones direccionadas.
Tomas Romero Pereira
El rechazo de las rendiciones de cuentas del ejercicio presupuestario 2022 por parte de concejales de la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira ha generado una serie de acusaciones y acciones legales contra el intendente Hernán Rivas. En respuesta a estas denuncias, los concejales han anunciado que presentarán una denuncia penal y solicitarán la intervención de la Cámara de Diputados.
Entre las acusaciones dirigidas al intendente, se menciona la presunta utilización irregular de recursos municipales y la adjudicación indebida de licitaciones a empresas relacionadas con él. Es importante destacar que Hernán Rivas es padre del actual diputado Hernán David Rivas, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y senador electo.
El proceso de intervención municipal es un mecanismo establecido para salvaguardar el correcto funcionamiento de las instituciones y garantizar el bienestar de la ciudadanía. La labor de la comisión de diputados es fundamental en este sentido, ya que su objetivo es analizar de manera imparcial la información presentada y tomar decisiones basadas en los hechos.
