La solicitud de ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, que asciende a más de G. 80.220 millones, ha sido postergada por la Cámara de Diputados. Este aplazamiento se produce en un contexto particular: justo después de que el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, presentara una denuncia contra la ex titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, por presunta lesión de confianza. Se destaca que gran parte de los fondos solicitados en la ampliación están destinados a saldar deudas acumuladas durante la gestión de Quiñónez.
En la reciente sesión de la Cámara Baja, se decidió posponer por una semana la revisión del proyecto de ampliación, que ya había obtenido media sanción en el Senado. Cabe recordar que en la Cámara Alta también se presentaron obstáculos para su aprobación, coincidiendo con la denuncia penal presentada contra Horacio Cartes por supuesta «persecución política».
La solicitud de ampliación presupuestaria busca, entre otras cosas, cubrir deudas significativas acumuladas durante la administración de Quiñónez. De la cifra total solicitada, G. 18.675 millones están destinados al pago de alquileres atrasados de sedes fiscales en todo el país. Además, se debe a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) un monto de G. 6.000 millones, situación que ha llevado a la amenaza de un corte de suministro eléctrico.
Aunque la postergación del proyecto ya se consideraba debido a la falta de un dictamen de la «Comisión de Presupuesto», es notable que los diputados hayan incluido el tema en la agenda sin haber acelerado el proceso de dictamen en la comisión, especialmente considerando la urgencia y relevancia del asunto. Esta situación pone de manifiesto ciertas dinámicas en el legislativo que, en ocasiones, parecen estar influenciadas por el contexto político y las circunstancias actuales.
