Elevan a juicio a abogados de San Cristóbal
El juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió este miércoles la elevación a juicio oral y público de la causa contra los imputados Robert Santacruz y Luis Carlos Benítez, abogados vinculados a la Cooperativa San Cristóbal. Ambos están acusados por el Ministerio Público de uso de documento público de contenido falso y prevaricato en calidad de instigadores, en el marco del esquema conocido como “mafia de los pagarés”.
La resolución se dio tras la audiencia preliminar, donde se analizaron los pedidos de salidas alternativas planteados por las defensas. Finalmente, el magistrado rechazó ambas solicitudes y dispuso que el caso avance a etapa de juicio.
Intervenciones en decenas de expedientes
Según la acusación fiscal, Santacruz habría intervenido en 27 expedientes, promoviendo demandas contra víctimas del esquema mediante el uso de notificaciones presuntamente falsas realizadas por ujieres, lo que derivó en resoluciones favorables dictadas por el entonces juez de paz Víctor Nilo Rodríguez.
Durante la audiencia, su defensa reconoció parcialmente los hechos, pero sostuvo que el abogado no tenía conocimiento sobre la falsedad de las cédulas. El fallo del juzgado rechazó la suspensión condicional del procedimiento, al considerar incompatible admitir hechos y, al mismo tiempo, negar responsabilidad. También se valoró que la expectativa de pena supera los dos años, lo que impide la aplicación de esa salida procesal.
Además, el ofrecimiento de una reparación social de G. 50 millones no fue considerado suficiente, ya que el magistrado entendió que no se evidenció una voluntad real de reparar el daño en el contexto del caso.
Rechazo a salidas alternativas para Benítez
En el caso de Benítez, el Ministerio Público lo vincula a 28 expedientes dentro del mismo esquema. Su defensa propuso el pago total de los montos involucrados como forma de reparación, a cambio de la suspensión condicional del procedimiento.
Sin embargo, la fiscalía se opuso al planteamiento y el juez resolvió rechazar el pedido. Aunque reconoció que existía una intención de reparación, sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para acceder a una salida alternativa.
Ambos imputados continuarán sometidos a las medidas cautelares ya vigentes, mientras que el proceso avanza hacia juicio oral. De acuerdo con lo señalado en la audiencia, todos los acusados permanecen en libertad.
Procedimiento abreviado para oficial de justicia
Una situación distinta se resolvió para el oficial de justicia Hugo Lafuente, quien accedió a un procedimiento abreviado con suspensión a prueba de la condena por un periodo de dos años.
El acuerdo establece el pago de G. 24 millones, monto que deberá ser destinado a una institución determinada por el juzgado en el plazo de un año. Según el análisis del caso, su participación fue considerada limitada dentro del esquema, a diferencia de los otros acusados, lo que redujo la expectativa de pena a menos de dos años.
🔗 El Observador – Abogados de la Cooperativa San Cristóbal irán a juicio oral en caso mafia de pagarés
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