Auditoría revela anomalías en el Juzgado de Paz de la Catedral

Providencias sin fecha: detectan irregularidades en juzgado de Paz de La Catedral

Una auditoría de reacción inmediata en el juzgado de Paz del Distrito de La Catedral, a cargo de la jueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, ha revelado serias irregularidades en la gestión de expedientes. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran numerosas providencias firmadas sin fecha, lo que contraviene el artículo 156 del Código Procesal Civil, que exige que toda resolución judicial contenga lugar, fecha y firma para su validez.

Encontraron providencias sin fecha firmadas por jueza en violación a Código  Procesal Civil - El Observador

Irregularidades en las secretarías del juzgado

La auditoría, que abarcó 576 expedientes seleccionados al azar entre noviembre de 2024 y enero de 2025, se centró en las secretarías 3 y 4, dirigidas por los actuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez y Pablo Matías Cabrera Irigoitia. Se detectaron diversas anomalías, como expedientes sin foliatura, falta de registro en el sistema JUDISOFT, ausencia de firmas de cargo y tramitación de casos en secretarías no asignadas según sorteo. Estas prácticas vulneran las normativas establecidas, incluyendo la Acordada N° 1335/19, que regula el uso de herramientas tecnológicas en la administración de justicia.

Acciones de la Corte Suprema de Justicia

Ante estos hallazgos, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría de reacción inmediata en varios juzgados de Paz de la capital, incluyendo los de La Catedral, San Roque y La Encarnación. Además, se solicitó a la Contraloría General de la República un examen de correspondencia de bienes de jueces y funcionarios involucrados, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables de estas irregularidades.

Implicancias y medidas futuras

Estas irregularidades no solo afectan la transparencia y eficiencia del sistema judicial, sino que también minan la confianza pública en la justicia. Se espera que las autoridades competentes tomen medidas correctivas y sancionen a los responsables para restaurar la integridad en la administración de justicia.

 

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