Un oficio fiscal sin respuesta desde enero
El Ministerio Público pidió formalmente a la Corte Suprema de Justicia el informe de Auditoría sobre 10.000 expedientes del Juzgado de Paz de Recoleta hallados en la empresa de cobranza CARSA, señalada como pieza del esquema criminal de la mafia de los pagarés.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero firmaron el oficio fiscal del 19 de enero de 2025, que la Corte recepcionó el 21 de enero, según consta en documentos a los que accedió El Observador.
Hasta hoy, el alto tribunal no remitió la auditoría solicitada.
El hallazgo que motivó el pedido ocurrió el 31 de enero de 2024. Ocho meses después de la solicitud fiscal, la Corte sigue sin responder.
Hallaron expedientes judiciales dentro de CARSA
La investigación se activó tras la declaración de un funcionario filmado mientras retiraba expedientes de un departamento alquilado por la ex ujier del Juzgado de Paz de Recoleta, Ingrid Prette, acusada en la causa por mafia de pagarés.
Durante un procedimiento en la firma CARSA, los agentes fiscales tomaron declaración a Iván Galeano, empleado de la empresa.
Ante el Ministerio Público, Galeano afirmó que recibió órdenes de sus superiores para retirar expedientes del departamento de Prette.
Según su relato, trasladó los documentos en bolsas negras y cajas de cartón hasta las oficinas de la empresa, ubicadas en el centro de Asunción.
Ordenaron devolver los expedientes al juzgado
Galeano también declaró que, tras la difusión del allanamiento al departamento de Prette, recibió la orden de devolver los expedientes al Juzgado de Paz de Recoleta.
En ese momento, el juzgado estaba a cargo del juez Víctor Nilo Rodríguez, también acusado en la causa de la mafia de los pagarés.
Cuando los fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce se constituyeron en el local de CARSA, constataron la existencia de 10.000 expedientes vinculados a juicios ejecutivos que debían permanecer bajo custodia judicial.
El silencio de la Corte y el juicio político
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la Corte Suprema de Justicia nunca envió el informe de Auditoría, pese a la gravedad institucional del hallazgo.
Esta omisión integra los fundamentos del pedido de juicio político impulsado contra ministros del alto tribunal en el Congreso.
Sobre el caso, el ministro Eugenio Jiménez Rolón calificó como “inadmisible” que expedientes judiciales se encuentren en una empresa privada de cobranza. Además, afirmó que “quienes resulten responsables de estas graves irregularidades deben ser juzgados oportunamente”.
🔗 El Observador – La Corte nunca remitió a la Fiscalía auditoría sobre 10 mil expedientes hallados en CARSA
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