Un juicio con testimonios que apuntan a las obras
El intendente de Jesús de Tavarangüe (Itapúa), Víctor Garay (ANR), afronta un juicio oral y público por una presunta lesión de confianza, en el marco de una acusación por el supuesto manejo irregular de fondos municipales durante el ejercicio 2022. La Fiscalía atribuye un perjuicio patrimonial que alcanzaría los G. 2.440 millones, según informó ABC Color.
EPI consigna estos datos como parte de un proceso judicial en curso. Todo lo expuesto corresponde a la acusación y a los testimonios ofrecidos en el juicio; rige la presunción de inocencia para el procesado y para todas las personas mencionadas, y EPI no da por probada irregularidad alguna.
El testimonio de una exintendenta interina
Entre las declaraciones de la jornada se destacó la de Idilia Peralta, actual concejal y quien ejerció como intendenta interina durante un breve período. Según su testimonio, en las contrataciones para obras habrían sido adjudicadas «personas de la comunidad que no tenían empresas constructoras», y aludió a proveedores atípicos —entre ellos, un comercio del rubro alimenticio que, de acuerdo con lo declarado, habría figurado como suministrante de materiales de construcción—. EPI reproduce estas afirmaciones como manifestaciones vertidas en el juicio, sin identificar a particulares que no revisten la condición de acusados.
El uso de una identidad profesional
Otro de los puntos abordados fue el de la arquitecta Laura María Bonet, quien declaró que su nombre habría sido utilizado para emitir facturas por aproximadamente G. 73 millones en concepto de fiscalizaciones que —afirmó— nunca realizó. De acuerdo con su testimonio, algunas de esas facturas se habrían emitido incluso antes de que obtuviera su título profesional. Bonet se presentó como afectada por el uso de su identidad, sin que ello implique atribuirle responsabilidad alguna.
Los números de la causa
Conforme a la cobertura, durante el período investigado el municipio habría recibido cerca de G. 4.000 millones en recursos especiales, de los cuales existiría respaldo documental por unos G. 2.500 millones. Entre la documentación analizada se identificaron facturas consideradas irregulares por más de G. 350 millones. Estos montos forman parte de los elementos que se ventilan en el proceso y serán objeto de valoración por el tribunal.
Un proceso que sigue su curso
El juicio continuará con la producción de las pruebas y los testimonios restantes, tras lo cual el tribunal deberá resolver. Como en toda causa penal, la definición sobre las responsabilidades quedará en manos de la Justicia, que determinará si los hechos denunciados se encuentran o no acreditados. Hasta el momento, según la información disponible, la defensa del intendente sostiene su posición dentro del proceso.
🔗 Fuente:
ABC Color — «Jesús de Tavarangüe: bodega suministraba materiales de construcción, declaró ex intendenta» (20/07/2026)
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