El programa “Al que Madruga”, de Radio 1000, presentó como primicia una copia autenticada del contrato por USD 2,04 millones firmado entre Michelle Yong Im Byun y la Asociación Espíritu Santo. El documento pone cifra a los audios del JEM en los que se hablaba de ganancias, remesas y de prolongar durante años una causa para seguir cobrando. La revelación aparece horas antes del inicio del juicio contra Tania Irún.
Este martes 21 de julio, el programa “Al que Madruga”, de Radio 1000, reveló una copia autenticada del acuerdo de honorarios firmado el 1 de noviembre de 2017 entre Michelle Yong Im Byun y la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
Durante la emisión conducida por Héctor Alegre, Juanki Lezcano y Enrique Lugo, el equipo mostró el documento y lo cruzó con dos grabaciones del escándalo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En una se hablaba del contrato, del monto, de las remesas y de la distribución de la ganancia. En la otra, de conseguir que la causa no terminara nunca y se extendiera durante cinco o seis años para continuar cobrando.
Según fuentes protegidas de esta redacción, la copia autenticada exhibida por Radio 1000 obra en la carpeta fiscal de la causa penal abierta contra Michelle Byun y varios directivos de la Asociación.
La primicia permite formular desde el inicio la conclusión central.
Una eventual condena contra Tania Irún no anularía ni revertiría por sí sola las sentencias civiles firmes. Pero podría ser utilizada por quienes perdieron aquel litigio para reactivar gestiones, promover nuevas presentaciones y sostener que el conflicto continúa jurídicamente abierto.
Las tierras no regresarían automáticamente a la Asociación por una condena penal. El pleito civil ya fue resuelto y las decisiones dictadas conservan su fuerza jurídica.
Una condena podría ofrecerles algo diferente: una victoria penal utilizable para volver a poner en circulación una causa que ya no pudieron ganar en el fuero civil y justificar nuevos movimientos alrededor de un conflicto que produjo años de procesos y honorarios millonarios.
Ese es el peso del juicio que comienza este miércoles.
Caballero hablaba del contrato y la ganancia
En una grabación difundida desde 2017 y reproducida por Radio 1000 como una conversación entre Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, se escucha a Caballero informar que representantes coreanos irían a su oficina para redactar los términos de un contrato.
“Son cuatro juicios civiles” y “ya fijamos monto”, señala.
Después identifica a Michelle Byun como la traductora y abogada que “juega en nuestro lado” y que “se distribuye y también reconoce con nosotros la ganancia”.
En la conversación también se habla de gestionar una cuenta bancaria porque “el monto es importante”, de modo que pudieran “girarnos las remesas”. Fernández Lippmann responde: “Espectacular”.
La grabación era conocida desde hacía años. Lo que no había sido presentado públicamente era el documento que permitiera responder una pregunta elemental:
¿De cuánto dinero estaban hablando?
La primicia de Radio 1000 puso una cifra sobre la mesa: USD 2.040.000 más IVA como base contractual.
Cinco o seis años para seguir cobrando
El segundo audio completa el contexto.
En una conversación atribuida a Fernández Lippmann y la fiscala Nadine Portillo, el entonces secretario del JEM sostiene que entrarían “unos capos” para conseguir que el asunto “no termine nunca y se siga cobrando”.
Después pregunta qué utilidad tendría terminar el caso en seis meses y expone el horizonte que consideraba conveniente:
“Nosotros lo que necesitamos es que esto se vaya a cinco, seis años”.
La grabación fue publicada por Última Hora en noviembre de 2017. No se trata de una interpretación construida nueve años después. La conveniencia económica de prolongar la causa fue expresada directamente en uno de los audios que sacudieron al sistema judicial paraguayo.
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Ese mismo mes fue firmado el contrato presentado ahora por Radio 1000.
El documento pone cifra al esquema
El acuerdo contrataba a Michelle Byun para intervenir en seis procesos relacionados con la Asociación Espíritu Santo.
En la página 1 aparece expresamente la causa “Cusabo Limited, Kyvelonia, Firstar, Elite y otros contra Asociación Espíritu Santo sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.
Se trata del litigio civil que posteriormente quedó bajo la responsabilidad de Tania Irún y que dio origen a la ofensiva judicial y mediática que continúa hasta hoy contra la exjueza.
La misma página encomendaba a Byun intervenir en las distintas etapas necesarias hasta la terminación de los procesos.
En la página 2, el acuerdo fijó un monto único de USD 2.040.000 más IVA y declaró irrevocables el monto, los plazos y las obligaciones asumidas.
La página 3 contiene el núcleo económico del contrato.
Una primera parte estaba compuesta por doce pagos de USD 50.000, equivalentes a USD 600.000. A eso se sumaban USD 480.000 por las sentencias de primera instancia, USD 480.000 por las decisiones de segunda instancia y otros USD 480.000 por las resoluciones de la Corte Suprema.
El contrato enumeraba seis procesos, aunque los tres tramos variables de USD 480.000 fueron calculados sobre cuatro juicios, a razón de USD 120.000 por cada proceso y por cada instancia.
El texto no exigía expresamente que las sentencias fueran favorables. Asignaba honorarios a las decisiones dictadas en cada escalón procesal.
Una resolución adversa no eliminaba lo ya pactado. El litigio podía continuar hacia otra instancia que también tenía una remuneración específica.
La misma página establecía una duración indefinida hasta la terminación de los procesos y disponía que los honorarios continuarían siendo exigibles incluso ante una transacción o el reemplazo de la abogada.
Las cláusulas que completan el cuadro
Un contrato vigente hasta la terminación de los expedientes o un sistema de honorarios dividido por instancias pueden existir en litigios complejos. Ninguna de esas características demuestra aisladamente una ilegalidad.
La relevancia surge al cruzarlas con el contexto documentado.
Mientras en los audios se hablaba del monto, las ganancias, las remesas y la conveniencia de extender la causa durante cinco o seis años, el contrato asignaba un valor económico concreto al recorrido judicial hasta la Corte.
Si la Asociación revocaba el mandato, sustituía a Byun o llegaba a una transacción, la obligación de pagar los honorarios pactados permanecía.
Cambiar de abogada no terminaba con la obligación de pagarle.
Las páginas 4 y 5 incluían además la posibilidad de reclamar honorarios judiciales a la contraparte. Si Byun recuperaba una suma superior a la abonada por la Asociación, el excedente quedaba para ella, según la expresión literal del documento, “a título de premio por la gestión”.
El contrato también aclaraba que la abogada no garantizaba un resultado determinado y que la revocación de su mandato no eliminaba su derecho a cobrar los honorarios convenidos.
El documento no prueba por sí solo una conducta delictiva. Sí acredita que el conflicto tenía una dimensión económica millonaria y que la remuneración estaba ampliamente protegida durante todo el trayecto procesal.
El contrato dentro de la causa contra Byun
La historia no terminó con las derrotas civiles.
En febrero de 2026, Michelle Byun fue imputada junto con seis directivos de la Asociación por presunta frustración de la ejecución individual y favorecimiento de acreedores.
Según la hipótesis fiscal, numerosos inmuebles de la organización habrían sido transferidos a favor de su propia abogada mediante la figura de la dación en pago, es decir, como cancelación de honorarios profesionales.
La imputación sostiene que esas operaciones habrían afectado bienes de la Asociación cuando ya existían un litigio de regulación de honorarios y una orden de embargo destinada a garantizar el pago a otro profesional.
Durante el allanamiento a la sede administrativa fueron incautados contratos de servicios jurídicos y documentos relacionados con la utilización de inmuebles para pagar honorarios a Byun.
La imputación constituye una hipótesis fiscal todavía no juzgada. La defensa rechaza que las transferencias hayan tenido una finalidad ilícita.
Pero la aparición del contrato de 2017 en esa investigación permite conocer el origen y la magnitud inicial de la relación económica entre la abogada y la organización.
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La causa civil terminó; la ofensiva penal continuó
El litigio civil concluyó con una sentencia contraria a los intereses de la Asociación.
La Cámara confirmó la decisión de Tania Irún, los recursos no consiguieron derribarla y el fallo entró en ejecución. Los abogados vinculados a la organización fueron apercibidos y las denuncias promovidas contra distintos magistrados terminaron rechazadas o archivadas.
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Sin embargo, la causa penal contra Tania Irún sobrevivió.
Este miércoles 22 de julio, a las 12:00, comienza el juicio oral contra la exjueza por presunto prevaricato. Las siguientes jornadas fueron fijadas para los días 24 y 31 de julio.
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El proceso penal no figura entre los asuntos incluidos en el contrato de 2017. Tampoco existe en ese documento una cláusula que vincule directamente sus honorarios con el juicio que empieza hoy.
Lo que la primicia sí permite observar es el contexto en el que la causa penal llega al tribunal: audios sobre ganancias y remesas, un contrato por USD 2,04 millones ligado al recorrido de los litigios y una investigación posterior sobre propiedades presuntamente entregadas como pago de honorarios.
Una eventual condena contra Tania Irún no modificaría automáticamente las sentencias civiles firmes. Su utilidad para quienes perdieron aquel litigio estaría en otro lugar: podría convertirse en el argumento necesario para impulsar nuevas gestiones y presentar como todavía discutible un conflicto que la Justicia civil ya resolvió.
El tribunal deberá decidir exclusivamente sobre las pruebas producidas y la ley aplicable.
Pero el juicio no comienza en un vacío.
Comienza después de que los protagonistas de esta historia fueran grabados hablando de contratos, ganancias, remesas y de la necesidad de que una causa durara años para seguir cobrando.
Este miércoles estará en juego el destino judicial de Tania Irún. También estará a prueba la capacidad del sistema de cerrar definitivamente un conflicto que, para algunos de sus protagonistas, nunca debía terminar.
