Resolución clave en Contraloría desata fuerte decisión interna
La Contraloría General de la República (CGR) destituyó a la funcionaria Danna Vanessa Concepción Arias Valentino, quien ocupaba un cargo directivo y percibía más de G. 17 millones mensuales, tras detectar indicios de participación en actividades político-partidarias vinculadas al oficialismo.
Contraloría inicia sumario y define responsables
La institución formalizó la medida mediante la Resolución N.º 183, firmada por el contralor general Camilo Benítez Aldana, quien ordenó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer el presunto incumplimiento de deberes funcionales.
El documento designa a la abogada Andrea Pérez como jueza instructora y a la abogada Mirtha Benítez como secretaria de actuación, y dispone “practicar cuantas diligencias sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos investigados”.
Vinculan a la funcionaria con actos partidarios
De acuerdo con los antecedentes, Arias Valentino participó en actividades de campaña del precandidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, y del precandidato a concejal Diego “Arki” Sotomayor, ambos alineados al oficialismo.
Las autoridades iniciaron las actuaciones luego de que circularan imágenes y registros que mostraban a la funcionaria en eventos partidarios. La CGR encuadró estos hechos como faltas administrativas de segundo grado.
Aplican reglamento actualizado con sanciones más estrictas
La resolución cita el Artículo 55, inciso k) del reglamento interno, que prohíbe “realizar actividad político-partidaria dentro o fuera de la institución”, al considerarla incompatible con la función pública.
Además, el Artículo 78 tipifica estas conductas como faltas de segundo grado, incluyendo “realizar, participar o adherirse a actividades político partidarias” y el incumplimiento de obligaciones legales.
El reglamento fue actualizado en marzo de 2023, lo que permitió a la institución aplicar sanciones bajo criterios más estrictos frente a este tipo de conductas.
CGR también aparta a otro funcionario
En paralelo, la Contraloría dispuso el cese del comisionamiento de Víctor Hugo Colmán Irala, funcionario permanente asignado al Ministerio de Justicia, también vinculado a actividades políticas.
Según los datos, Colmán Irala percibía un salario de G. 6.700.000 mensuales y participaba en la campaña de un concejal alineado al oficialismo.
🔗 El Nacional – Destituyen a directora de la Contraloría tras detectarse presunto proselitismo político
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