Golpe judicial a Petropar
La administración de Eddie Jara al frente de Petropar recibió un fuerte revés judicial en el conflicto por la nueva planta de molienda de Mauricio José Troche.
El Tribunal de Cuentas suspendió la rescisión del contrato con Estructura Ingeniería S.A. (EISA), dejando sin efecto la decisión administrativa que pretendía dar por terminado el vínculo y avanzar con una nueva licitación sobre el mismo objeto.
El fallo no solo retrotrae la situación contractual. También bloquea jurídicamente cualquier intento de sustituir el contrato vigente y pone en cuestión la estrategia adoptada por la actual conducción de la estatal.
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El contrato no está rescindido
Mediante el Auto Interlocutorio Nº 72/2026, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Estructura Ingeniería S.A. y suspendió los efectos de la Resolución PR/EJ Nº 869/25, por la cual Petropar había decidido rescindir el contrato.
En términos prácticos, el Tribunal resolvió que la rescisión queda sin efecto mientras dure el proceso judicial.
El contrato no está terminado. Vuelve automáticamente a la etapa de suspensión y permanece vigente.
La decisión representa un golpe directo a la determinación de Eddie Jara de cancelar definitivamente el acuerdo firmado durante la administración anterior.
Petropar acata, pero queda condicionada
Tras el fallo, Petropar emitió la Resolución PR/EJ Nº 130/26, mediante la cual declara que toma razón del Auto Interlocutorio y ordena su cumplimiento en el ámbito administrativo.
La estatal reconoce formalmente que, al estar suspendida la rescisión, el contrato sigue activo.
Esto implica una consecuencia inmediata: no puede avanzarse con un nuevo llamado licitatorio que tenga el mismo objeto contractual.
Es decir, la estrategia de reemplazar el contrato original mediante una nueva licitación queda jurídicamente bloqueada.
El “elefante blanco” del 90%
La nueva planta de molienda en Mauricio José Troche arrastra un conflicto que ya supera los dos años.
El proyecto fue licitado en 2021, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, con el objetivo de triplicar la capacidad de molienda de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.
Al 15 de agosto de 2023 —inicio del gobierno de Santiago Peña— la obra registraba un avance de entre el 85% y el 90%.
La inversión privada realizada por la contratista, financiada con créditos bancarios, alcanzó los 26 millones de dólares.
Desde que la obra fue detenida por la administración de Eddie Jara, la empresa ya habría pagado aproximadamente 7 millones de dólares en intereses financieros.
El intento de una nueva licitación
En medio de este escenario, la administración actual lanzó un nuevo llamado para la “construcción de una planta de molienda de 5.000 toneladas diarias”, pretendiendo dejar atrás el contrato original.
Pero el Tribunal de Cuentas observó un punto central: Petropar estaba llamando a licitación para construir algo que ya fue contratado y cuyo avance alcanzaba casi el 90%.
Permitir que la estatal avanzara en esa nueva convocatoria, sostuvo el Tribunal, vaciaría de contenido la medida cautelar y haría inútil una eventual sentencia favorable a la contratista original.
La resolución es clara: cualquier licitación paralela queda jurídicamente bloqueada.
Los fundamentos del Tribunal
El Tribunal de Cuentas concedió la cautelar apoyándose en tres pilares jurídicos.
Primero, la verosimilitud del derecho. Observó irregularidades en el proceso de rescisión, incluyendo su publicación en el sistema de contrataciones sin que estuviera firme.
Segundo, el peligro en la demora. La inversión comprometida es de aproximadamente 26 millones de dólares, con riesgo de equipos ociosos, ejecución de pólizas y posibles sanciones administrativas.
Tercero, la protección del objeto litigioso. La medida busca evitar daños irreversibles mientras se define el fondo del caso.
El mensaje institucional es contundente: la administración no puede, por vía de hecho, dejar sin efecto un contrato en ejecución y reemplazarlo mientras la legalidad de esa rescisión está bajo revisión judicial.
El impacto en los cañicultores
Detrás del conflicto jurídico hay una dimensión social y económica.
En el Guairá, 2.500 cañicultores producen alrededor de 600.000 toneladas de caña por año. La antigua planta de Troche solo absorbe cerca de 100.000 toneladas.
La nueva planta permitiría comprar la totalidad de la producción anual.
La paralización de la obra derivó en protestas, cierres de rutas y 17 días de movilizaciones en octubre de 2025.
El Gobierno pactó entonces que el nuevo tren de molienda estaría operativo en septiembre de 2026.
Ahora, con la cautelar vigente y la licitación paralela bloqueada, el escenario vuelve a quedar en suspenso.
Un revés que debilita la conducción
El fallo del Tribunal de Cuentas no resuelve el fondo del litigio, pero sí representa un golpe institucional a la administración de Eddie Jara.
La rescisión quedó suspendida. El contrato sigue vigente. La nueva licitación quedó bloqueada.
La estatal no puede avanzar en un reemplazo mientras la Justicia analiza la legalidad de sus actos.
En un proyecto que involucra decenas de millones de dólares, miles de productores y una promesa de reactivación productiva para el Guairá, el conflicto vuelve al terreno judicial.
El llamado “elefante blanco” de Troche ya no es solo una obra paralizada.
Es ahora también un símbolo de la tensión entre decisiones administrativas y control judicial.
Y, al menos por ahora, el Tribunal de Cuentas dejó claro que la última palabra no la tiene la gerencia de Petropar.
¿Creés que la suspensión de la rescisión cambia el futuro de la planta de Troche y el rol de Petropar en el Guairá? 💬⚖️
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