Huelga penitenciaria tensiona la gestión de Nicora y expone al Gobierno
La huelga de hambre de funcionarios penitenciarios frente al Ministerio de Justicia no solo es un reclamo gremial, sino también un golpe político para el ministro Rodrigo Nicora y, por extensión, para la administración de Santiago Peña. El conflicto abre un nuevo frente de crisis institucional, en un área históricamente sensible para el oficialismo: el sistema penitenciario.
Un reclamo gremial que escala a lo político
El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sintrasei) exige el cumplimiento del acuerdo firmado en enero para un reajuste de G. 1.500.000, que ahora el Gobierno pretende reducir a G. 900.000.
El secretario sindical, Juan Ruiz Díaz, fue categórico:
“Hace 15 años no tenemos un reajuste. La mayoría gana sueldo mínimo y, pese al acuerdo, nos dicen que no hay plata”.
La protesta suma además la falta de pagos extra por servicios nocturnos, feriados y domingos, y la ausencia de un seguro de vida. Si no hay respuesta, más de 1.500 funcionarios podrían unirse a la medida en todo el país.
El jaque a Nicora en plena crisis penitenciaria
El conflicto se produce en un momento crítico para el ministro:
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Celdas VIP en Emboscada, reveladas por juezas y atribuidas a privilegios de narcos.
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La alerta en Minga Guazú, con internos del PCC y de alto perfil.
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La fuga de ocho reclusos de máxima seguridad en marzo, que dejó en evidencia fallas estructurales y complicidad interna.
Estos episodios desgastaron la imagen de Nicora y abrieron flancos de ataque a la política penitenciaria oficial. La huelga gremial se suma como un factor que acentúa la presión política sobre su gestión.
El impacto en el Gobierno
Aunque el Ministerio asegura que la seguridad penitenciaria aún no está comprometida, la amenaza de extensión del paro coloca al Gobierno de Peña frente a un dilema: sostener el ajuste fiscal o ceder ante la presión sindical.
De persistir el conflicto, el costo político podría trasladarse al Congreso, donde la oposición ya utiliza el caso como ejemplo de desgobierno institucional.
Escenario abierto
La protesta marca un punto de inflexión: o el Gobierno atiende el reclamo y desactiva la crisis, o el Ministerio de Justicia se expone a un colapso de gobernabilidad en el área penitenciaria, con repercusiones directas en la agenda política nacional.
¿Pensás que Nicora podrá sostener su gestión en medio de esta crisis?
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