Pedido fiscal generó más preguntas que certezas
La condena a Hilario Adorno Mazacote, intendente electo de Puerto Casado, por usar fondos públicos para beneficio personal, no fue lo que más sorprendió. Lo que realmente encendió las alarmas fue la actitud de la fiscal Teresilde Fernández, quien, pese a haber dicho que el hecho punible estaba “plenamente demostrado”, solicitó apenas 2 años de pena.
Ese pedido fue interpretado como un intento de blindar a Adorno, ya que le habría permitido zafar de la cárcel a través de una suspensión de la ejecución de la condena. El tribunal no hizo lugar a esa indulgencia y condenó al político a 3 años y 8 meses de prisión, pero ahora todo depende nuevamente de la misma agente fiscal.
Una decisión en sus manos y una fecha límite
Este martes 22 de julio, Fernández debe responder a la apelación presentada por la defensa de Adorno. Su pronunciamiento puede definir si el Ministerio Público confirma la condena o se alinea, otra vez, con los intereses del condenado.
Los antecedentes y vínculos de la fiscal no pasan desapercibidos. Diversas fuentes la vinculan a sectores cercanos al entorno político de Adorno en Puerto Casado. Concejales locales, incluido el intendente interino Domingo Vera, siguen de cerca la actuación de la agente, con desconfianza y atención.
Dinero municipal, camioneta privada
El caso surgió de una denuncia de la Junta Municipal de Puerto Casado, respaldada por informes de la Contraloría General de la República. Se detectó que G. 50 millones fueron desviados desde la Municipalidad para comprar una camioneta, la cual fue registrada a nombre de Hilario Adorno.
El tribunal especializado en delitos económicos, presidido por la jueza Adriana Planás, confirmó la maniobra: “Hilario Adorno utilizó dinero público proveniente de los recursos genuinos de la Municipalidad de Puerto Casado para fines personales”, expresó la magistrada en la lectura de sentencia.
Teresilde y un pedido que no convenció a nadie
En sus alegatos finales, Fernández reconoció el delito, pero pidió la pena mínima. Y lo hizo en un caso en que la expectativa legal permitía hasta 5 años de prisión. Su pedido fue tan desproporcionado que el tribunal lo desestimó de plano.
Los jueces también dejaron constancia de que Adorno intentó disfrazar el desvío con adelantos de salario, algo que no cambió el fondo del hecho. “Conformó un escenario para evitar ser descubierto”, sentenció la jueza.
Sigue manejando plata pública pese a la condena
Mientras se espera una definición del Ministerio Público, el condenado sigue siendo el titular de la cuenta municipal, a pesar de estar formalmente apartado desde hace más de 18 meses. El Banco Nacional de Fomento no reconoce aún al intendente interino, lo que mantiene intacto el acceso de Adorno a los recursos.
En lo que va del año, ya manejó más de G. 4.000 millones en transferencias de royalties y otros fondos. El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió G. 1.177 millones en una sola remesa, sin trabas administrativas.
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