TSJE bajo sospecha por operar con el clan Adorno
Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) vuelven a quedar en el centro de cuestionamientos en Puerto Casado (Alto Paraguay), señalados por actuar de forma funcional al denominado “clan Adorno”, en medio de actividades oficiales que deberían ser estrictamente institucionales.
Los hechos, expuestos por reportes publicados por ABC Color, apuntan a una utilización política de recursos y presencia estatal para favorecer la candidatura de Silvana Fretes, esposa del diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR), en un escenario donde los límites entre capacitación electoral y proselitismo aparecen cada vez más difusos.
Máquinas de votación en medio de la campaña
El TSJE desplegó 1.800 máquinas de votación en todo el país como parte de su campaña de divulgación iniciada en marzo. El objetivo oficial es capacitar a la ciudadanía en el uso del sistema, con simulaciones que incluyen candidatos ficticios.
Sin embargo, en Puerto Casado, estas jornadas habrían tomado otro rumbo. Según denuncias recogidas por ABC Color, las actividades terminaron funcionando como una plataforma indirecta de promoción política para el grupo liderado por Domingo Adorno y el exintendente condenado Hilario Adorno.
En ese contexto, la presencia institucional del TSJE —que debería garantizar neutralidad— quedó expuesta en un terreno donde la campaña electoral ya está en marcha.
Funcionarios en rol político
Uno de los nombres señalados es el del jefe de la oficina local del TSJE, Hugo Orlando García Cabrera, quien habría participado activamente en acciones de proselitismo a favor de Silvana Fretes.
Este tipo de conductas, además de contradecir el Código Electoral, también vulneran resoluciones internas y el Código de Ética de la propia institución, que prohíbe expresamente la participación política de sus funcionarios en ejercicio.
El hecho no es menor: se trata de funcionarios encargados de garantizar la transparencia del proceso electoral, pero que aparecen involucrados en actividades que benefician directamente a un sector político.
Sumario que no frenó las prácticas
Tras las primeras denuncias, se anunció la apertura de un sumario administrativo contra el funcionario. Sin embargo, la medida no habría tenido efecto disuasivo.
Una semana después, otros funcionarios del TSJE volvieron a aparecer en un acto político vinculado al mismo sector. El episodio más reciente se registró el 21 de marzo, durante una “jornada de divulgación de máquinas de votación” en la comunidad indígena Maskoy Libio Fariña, conocida como “Pueblito”.
En esa actividad, el diputado Domingo Adorno encabezó la jornada, mientras tres funcionarios del TSJE realizaban la capacitación, en una escena que expone una convivencia directa entre aparato estatal y promoción política.
“No por quién votar”: el límite legal
Consultada sobre el caso, la directora del Centro de Información, Documentación y Educación Electoral (CIDEE), Cynthia Pereyra, fue categórica al marcar los límites del uso de estas herramientas.
“Lo que un candidato puede hacer es organizar un evento invitando a ciudadanos de su municipio en un día equis y horario equis y solicitar la presencia para la práctica. Los funcionarios enseñarán a usar la máquina, como votar el proceso de la votación. No por quién votar, eso definitivamente NO”, afirmó.
Pereyra también aclaró que, si bien un político puede hacer campaña en paralelo, el funcionario electoral no debe participar de ese tipo de acciones y debe limitarse exclusivamente a la capacitación técnica.
Además, subrayó que las máquinas utilizadas en estas jornadas no contienen candidaturas reales, justamente para evitar cualquier tipo de influencia en la decisión del elector.
Un bastión político bajo la lupa
El denominado clan Adorno mantiene una presencia constante en comunidades indígenas de la zona, consideradas su principal base electoral. En ese marco, la jornada en “Pueblito” habría sido utilizada no solo como instancia de capacitación, sino también como vitrina política para posicionar a Silvana Fretes.
Este tipo de episodios vuelve a instalar un debate de fondo: hasta qué punto las estructuras locales logran incidir en instituciones que deberían operar con independencia, especialmente en regiones donde el peso político de ciertos grupos es determinante.
La reiteración de estas prácticas —con funcionarios que aparecen una y otra vez en actividades partidarias— no solo tensiona el rol del TSJE, sino que también pone en cuestión la confianza en el proceso electoral en zonas alejadas del país.
🔗 ABC – Funcionarios del TSJE siguen funcionales al “clan Adorno” en Puerto Casado
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