Funcionaria pública en la mira por intervenir en causa penal
El 26 de diciembre de 2024, durante una audiencia preliminar penal, la profesora Higinia Lara, directora de una institución educativa, actuó como patrocinante de la víctima.
La acción fue denunciada por el defensor público Luis Prette ante la Corte Suprema de Justicia. Alegó que la funcionaria violó la Ley N°1626 de la Función Pública, vigente en esa fecha. La normativa prohíbe a los funcionarios públicos patrocinar trámites o gestiones judiciales para terceros, con o sin relación directa.
Este tipo de práctica, aunque ilegal, es frecuente en el país, según la denuncia.
La nueva Ley N°7445/25, vigente desde el 14 de enero de 2025, reafirma esta misma prohibición, dejando claro que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en causas ajenas a sus funciones.
Reacciones y medidas institucionales
La presentación del defensor público generó repercusiones en los sectores judicial y educativo.
Se aguarda una evaluación por parte de la Corte Suprema de Justicia, que podría definir medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa y evitar casos similares.
Desde el ámbito educativo también se pidió reforzar los controles internos. La idea es que los directores y docentes conozcan las restricciones legales vigentes y las respeten en todo momento.
El cumplimiento de las leyes garantiza transparencia y confianza ciudadana en las instituciones.
Implicancias legales y éticas
El caso plantea dudas sobre la ética profesional y el respeto a las leyes entre funcionarios públicos.
Si se confirman los hechos, este proceso podría marcar un precedente importante. Sería un ejemplo de cómo se deben aplicar las sanciones en estos casos.
También resalta la importancia de la vigilancia interna del sistema judicial. El rol del defensor público Luis Prette es clave para hacer cumplir la ley y garantizar que se respeten los límites legales en la función pública.
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Los docentes son dependientes del Poder Ejecutivo, y esta directora, si quiere ejercer la profesión de abogada, tiene que renunciar a la función pública.