Ocho ONGs piden archivar el proyecto que abre el parque
La pulseada por el Parque Nacional Médanos del Chaco sumó un capítulo nuevo. Un grupo de ocho organizaciones ambientales, de derechos humanos y socioambientales presentaron notas formales al diputado José Rodríguez para pedirle que retire y archive el proyecto de ley que habilitaría la exploración y eventual explotación de gas dentro del área protegida. La iniciativa, recordemos, propone modificar la Ley Nº 5723/2016, que regula el estatuto del parque.
Según informó Última Hora, las notas fueron firmadas por Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas del Paraguay (ROAM), Sobrevivencia, Pojoaju, GreenTour, el Comité de Salida Ambiental y la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental (AECIAM). El pedido apunta también a modificar los artículos 4 y 6 de la Ley 5723 si el proyecto avanza.
Los argumentos ambientales que esgrimen
El listado de razones es largo. Según las organizaciones, el área es —entre otras cosas— el único hábitat del guanaco chaqueño, refugio del yaguareté en peligro crítico y una barrera natural protectora del Acuífero Yrenda, una de las reservas de agua dulce más importantes de la región. El parque, además, integra la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera del Chaco, inscrita en la Red Mundial de Reservas de Biósfera de la UNESCO.
La coordinadora de Tierraviva, Lidia Ruiz Cuevas, sintetizó el reclamo en una frase larga pero contundente: «Apelamos a la conciencia legislativa en el hecho de que las intenciones de ‘desarrollo’ del sector privado ‘productivo’ no han redundado históricamente en beneficio de los sectores vulnerabilizados; siendo totalmente lo contrario, ya que el avance de la desertificación, de la agroganadería expansiva, la falta de políticas para superar la carencia de agua potable y el despojo de tierras y territorios ancestrales han provocado mayores extremos de pobreza y exclusión de los Pueblos Indígenas en Paraguay», según consignó Última Hora.
Pueblos en aislamiento voluntario, en el centro
Una dimensión particularmente sensible del expediente es la presencia humana en la zona. De acuerdo con las organizaciones firmantes, el área del parque es hábitat tradicional de los pueblos Ayoreo y Guaraní Ñandéva, con comunidades en aislamiento voluntario — un grupo especialmente protegido por estándares internacionales de derechos humanos. Para los firmantes, autorizar actividades extractivas en esa zona implicaría exponer a esos pueblos a contactos y presiones que, según vienen advirtiendo, no podrían ser revertidos. La denuncia, atribuida íntegramente a las organizaciones, mete a la discusión un plano que excede el ambiental.
Del otro lado, los proponentes
El proyecto, sin embargo, sigue en pie. Según trascendió, la iniciativa ya cuenta con dictamen de aprobación en la Comisión de Energía y Minería. Uno de los defensores públicos del proyecto, el senador Orlando Penner, planteó la pregunta de manera frontal: «Si en todo el mundo se explota el gas natural, el petróleo, etc., etc., nosotros los paraguayos no podemos candadear esta opción demostrada la existencia de gas y más», sostuvo el senador, según consignó Última Hora. El diputado proponente, José Rodríguez, no respondió públicamente al pedido de retiro al cierre del informe del medio.
El antecedente: el MADES ya había marcado posición
La presión de las organizaciones cae sobre un terreno que ya tenía un movimiento institucional previo. El 12 de mayo de 2026, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) había emitido un parecer técnico contrario al proyecto, advirtiendo que su aprobación «podría derivar en antecedentes que afectarían a todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas». Con las ocho organizaciones civiles ahora sumando voz, el cuadro de oposición se amplió del lado técnico al lado social.
35.000 a 40.000 hectáreas, el dato que se discute
El punto técnico que está sobre la mesa también tiene números. De acuerdo con declaraciones del senador Penner recogidas en el informe, el área solicitada para explotación rondaría entre 35.000 y 40.000 hectáreas, lo que representaría alrededor del 6% del parque. Existe, además, una concesión minera previa a nombre de Primo Cano Martínez, otorgada con anterioridad a la sanción de la ley de protección del área. El debate parlamentario se concentra, en buena parte, en si esa porción puede o no abrirse mediante una modificación legal.
Una pulseada más grande que un parque
Como ocurre con otros conflictos del mismo tipo, lo que se discute trasciende el expediente puntual. Lo que está en juego —según se desprende de los argumentos cruzados— es el criterio con el que el país decide modificar (o no) el estatuto de un área protegida y, por extensión, qué señal queda para el resto del sistema. La pelota, por ahora, está en la Cámara.
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