Detectan irregularidades en la ejecución presupuestaria y administración de recursos
La Contraloría General de la República solicitó este viernes la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. La solicitud fue remitida al Ministerio del Interior, que ahora deberá trasladarla a la Cámara de Diputados, encargada de analizar si procede la intervención.
El pedido se basa en informes de auditoría que detectaron graves irregularidades administrativas y presupuestarias en ambas comunas. Según el contralor Camilo Benítez, las gestiones no ofrecieron colaboración durante las fiscalizaciones y se habrían encontrado indicios de malversación, desvío de fondos y uso irregular de recursos públicos.
Asunción: desagües, bonos y deudas bajo la lupa
En la capital, la Contraloría auditó la administración municipal desde el año 2021 hasta el 2024. Entre las observaciones más importantes se encuentran la emisión y manejo de los bonos G8 y G9, fondos destinados a obras de desagüe pluvial y al pago de deudas antiguas.
Los informes señalan que los recursos no fueron aplicados correctamente y que existirían desvíos presupuestarios. Además, el uso del dinero no habría seguido los procedimientos establecidos, generando sospechas sobre su destino real.
Ciudad del Este: ONG, proveedores y transferencias dudosas
En la capital del Alto Paraná, la Contraloría inspeccionó los años 2019 a 2022. Detectó pagos sin respaldo documental, transferencias a organizaciones sin fines de lucro sin justificación y movimientos irregulares de recursos municipales.
Las auditorías también apuntan a pagos a proveedores sin contratos válidos, además de debilidades en los controles internos del municipio. Todo ello compromete la legalidad de la gestión y abre la posibilidad de hechos punibles, según consta en el expediente enviado a Diputados.
Obstáculos para auditar y poca cooperación institucional
El contralor Benítez advirtió que ambos municipios dificultaron los trabajos de fiscalización. Denunció reticencia institucional, demoras en la entrega de documentos y hasta acciones judiciales para frenar auditorías. Esta falta de colaboración fue clave para justificar el pedido de intervención.
El Ministerio del Interior, tras recibir el informe, debe remitirlo a la Cámara de Diputados, que tiene la atribución constitucional de aprobar o rechazar la medida. Si se acepta, se designará a interventores para ambas municipalidades.
Lo que sigue tras el pedido de la Contraloría
De aprobarse la intervención, el interventor designado tendrá la función de realizar un informe completo de gestión y determinar si corresponde abrir acciones legales contra los responsables. Este informe debe ser entregado a la Cámara de Diputados, que luego decidirá si remueve o no a los jefes comunales.
Los casos de Asunción y Ciudad del Este marcan una nueva etapa en la fiscalización de gobiernos municipales, y podrían derivar en procesos judiciales si se comprueban responsabilidades.
Gracias por llegar hasta el final.
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