Operativo fiscal apunta al corazón del esquema
La fiscal Karina Caballero lideró este viernes el allanamiento a la Asociación de Funcionarios del SNPP, en el marco de la causa que investiga la mafia de los pagarés falsos. Los agentes se llevaron computadoras y documentos que podrían confirmar la existencia de una red delictiva dentro y fuera del Poder Judicial.
El procedimiento apunta directamente a directivos de la asociación, funcionarios judiciales y casas de crédito, que habrían trabajado juntos para estafar a trabajadores con juicios falsos y embargos ilegales.
El juez y sus aliadas en la mira
La investigación señala al juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, como uno de los pilares del esquema. Está imputado por prevaricato y otros delitos, tras autorizar ejecuciones con pagarés falsificados.
Sus actuarias, Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, junto a los ujieres Ingrid Natalia Prette y Fernando Cáceres González, habrían simulado notificaciones para que las víctimas no se enteren de los juicios. Así obtenían sentencias exprés que habilitaban embargos sin defensa.
Créditos ya pagados, de nuevo ejecutados
Entre 2020 y 2022, las casas de crédito SERFIN S.A. y PRESTO S.A. habrían reciclado pagarés ya saldados, adulterando fechas y montos. Luego presentaban esos documentos ante el juzgado de Rodríguez para iniciar juicios truchos, mientras los registros oficiales demostraban que la deuda ya había sido cancelada.
Los acusados nunca fueron correctamente notificados. El resultado: embargos automáticos a sus salarios, sin derecho a defensa, ni posibilidad de revertir la situación a tiempo.
Lista de imputados en crecimiento
Además del juez Rodríguez, el Ministerio Público imputó a Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez, Pedro Olmedo, Gustavo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz, y a los representantes de PRESTO: Gustavo Omar Cartes (presidente) y María Belén Cartes (directora titular).
La investigación ya suma 296 páginas de evidencias, donde se describe cómo la red operaba con precisión, en varios niveles, para saquear a los funcionarios del SNPP.
Las víctimas siguen pagando
La vocera Blanca Mello denunció que los descuentos ilegales sobre los salarios continúan. Pidió al Poder Judicial que frene ya el daño. “No podemos seguir pagando deudas que ya saldamos”, reclamó.
Según la fiscal Caballero, todo el esquema fue armado para que los acusados no puedan defenderse a tiempo. Las empresas sabían cómo moverse y se aseguraban de ejecutar los cobros antes de cualquier oposición.
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