Aldo Cantero ‘Fiscal Flash’: ¿hackeo o solo un mal día?

Fiscal Aldo Cantero alega ‘hackeo’ para justificar mensajes filtrados con abogado de Cartes

El fiscal Aldo Cantero ha declarado que fue víctima de un supuesto «hackeo» en sus cuentas de WhatsApp y redes sociales, intentando así explicar los mensajes filtrados en los que el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, le indicaba cómo proceder en la imputación contra Mario Abdo Benítez.

Fuente:  Abc Color

Declaraciones de Aldo Cantero

En una entrevista con Radio Monumental, Cantero afirmó que los mensajes con Ovelar fueron «montados» debido a un «hackeo» de sus cuentas. Sin embargo, reconoció que no presentó una denuncia formal sobre este incidente, a pesar de ser fiscal de Delitos Informáticos en ese momento.

Peritaje sin denuncia formal

Cantero admitió haber solicitado «como favor» a un funcionario del Departamento de Cibercrimen de la Fiscalía que revisara su celular para detectar el supuesto «hackeo». No obstante, no pudo proporcionar el nombre del funcionario que realizó el peritaje y mencionó que este análisis duró aproximadamente diez minutos.

Negación de vínculo con Pedro Ovelar

El fiscal negó tener comunicación con Pedro Ovelar, indicando que este solo acudía a la Fiscalía para informarse sobre la carpeta fiscal. En marzo de 2024, se filtraron chats que mostraban cómo Ovelar daba instrucciones para orquestar la imputación contra Mario Abdo Benítez y varios miembros de su gabinete por revelación de secretos de servicio relacionados con información de Horacio Cartes y sus movimientos financieros.

Reacciones y contexto

Estas declaraciones surgen ocho meses después de la filtración de los mensajes, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en el manejo de casos de alto perfil. La falta de una denuncia formal y la solicitud de peritaje «como favor» han suscitado críticas respecto a la gestión de la situación por parte del fiscal Cantero.

Este caso pone en evidencia la necesidad de procedimientos claros y transparentes en la investigación de posibles vulneraciones de seguridad en las comunicaciones de funcionarios públicos, especialmente cuando están involucrados en casos de relevancia nacional.

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