El juicio oral que se inicia
El juicio contra Hilario Adorno, a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Adriana Planás, Elsa García y Ana Rodríguez Brozon, inicia con cuestionamientos de todo tipo, como ya es costumbre para el intendente.
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Este proceso judicial tiene su origen en el uso indebido de 50 millones de guaraníes de fondos municipales para pagar la primera cuota de una camioneta Mitsubishi Tritón Sport, registrada a nombre del intendente. Según la acusación, solo después de que los concejales lo denunciaron, Adorno firmó una resolución en la que se autorizaba a sí mismo un adelanto de tres meses de salario, intentando justificar el pago.
Un proceso plagado de chicanas
La defensa del intendente utilizó múltiples estrategias para dilatar el proceso judicial. La fiscalía, liderada por los fiscales Luis Piñánez y Carlomagno Alvarenga, sostiene que las maniobras del acusado son intentos por evadir la justicia. Sin embargo, hasta la fecha, el tribunal rechazó los pedidos de la defensa, entre ellos, el de modificar las restricciones que impiden a Adorno acercarse a la sede municipal o comunicarse con los testigos del caso.
Además, la Fiscalía ha añadido el cargo de coacción de testigos a la acusación original, alegando que Adorno intentó influir en los testimonios para favorecerse, lo que agrava su situación judicial. Este patrón de conducta muestra una intención clara de obstaculizar la justicia, según sostienen los fiscales encargados del caso.
Nota de EPI: Intendente Hilario Adorno esquiva a la justicia
Respecto a la justificación de Adorno sobre el uso indebido de fondos municipales para la compra de una camioneta con un anticipo de salario de Gs. 50.000.000, la Junta Municipal reveló que los documentos que justificaban el anticipo fueron predatados tras la revelación pública del caso, sugiriendo un posible encubrimiento.
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Nueva denuncia: concejales piden acción
El intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, ahora además enfrenta una nueva denuncia presentada por concejales de su municipio ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Esta denuncia se apoya en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), emitido en agosto, que revela graves irregularidades en la gestión municipal de Adorno. Entre las irregularidades destacadas, se menciona la ejecución incompleta o inexistente de varias obras, a pesar de haber sido pagadas en su totalidad, lo que generaría un daño patrimonial estimado en 10.000 millones de guaraníes.
Nota de ABC: Otra denuncia contra el intendente Hilario Adorno
La denuncia actual fue presentada por un grupo de concejales del Partido Colorado y del Frente Guasu, incluyendo a Claudio Martínez, Domingo Vera y otros. Los ediles están decididos a que se investigue a fondo el uso de los fondos municipales, que consideran desviados para fines personales del intendente.
Nota de ABC: Contraloría detecta posible millonario daño patrimonial en Puerto Casado
Adorno ya enfrenta restricciones judiciales, que le prohíben ingresar a la sede municipal y comunicarse con los concejales denunciantes. Estos argumentos fueron presentados durante la audiencia preliminar del caso, en la cual la defensa del intendente intentó levantar estas prohibiciones sin éxito.
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Mientras se desarrolle el juicio actual, la atención estará entonces centrada también en las pruebas presentadas por la Contraloría y las denuncias de los concejales. La expectativa es que este proceso arroje luz sobre el manejo de los fondos públicos en Puerto Casado y determine la responsabilidad del intendente en todos los hechos denunciados.
