Millonario despojo en Caaguazú: asesora del Congreso involucrada en estafa
Anadelia Acosta Armoa vinculada a apropiación de G. 725 millones
El caso involucra la apropiación indebida de G. 725 millones, parte de una indemnización otorgada por la ANDE a las familias de dos personas fallecidas por electrocución en la compañía Jagua Kai, Caaguazú.
La indemnización total era de G. 800 millones, de los cuales las víctimas recibieron solo una pequeña fracción. Doña Juana Honorina Casco, madre de una de las víctimas, relató que le hicieron creer que solo le correspondían G. 40 millones, mientras que el resto del dinero fue retirado por terceras personas utilizando cheques no transferibles emitidos por la ANDE. Además, le cobraron G. 10 millones en concepto de «honorarios»
Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso Nacional, es señalada como una de las principales responsables en el esquema de apropiación de G. 725 millones, dinero que debía ser destinado a dos familias afectadas por la muerte de sus seres queridos a causa de un accidente con un cable de la ANDE. A pesar de presentarse como abogada, no se encuentran registros de su título en ninguna base de datos oficial.
Acosta Armoa, comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, percibe un salario mensual de G. 5.500.000. Coincidentemente, tras la apropiación de los fondos, adquirió un vehículo Kia Sportage cero kilómetros. Además, se detectó que la mujer no posee bienes declarados a su nombre, según su declaración jurada de abril de 2024, aunque tiene una deuda de G. 15 millones y una obligación alimentaria de G. 4.800.000.
Fuente ABC
La fiscalía prepara imputaciones
La agente fiscal Norma Salinas, encargada de investigar el caso, adelantó que al menos 8 personas serán imputadas por su participación en este esquema. Entre los acusados, además de Acosta Armoa, se encuentran otros individuos que habrían colaborado para quedarse con el dinero destinado a las víctimas de Caaguazú.
Funcionarios del Banco Nacional de Fomento en Repatriación están también bajo investigación, ya que los cheques emitidos por la ANDE solo podían ser cobrados por los beneficiarios, pero fueron retirados por personas ajenas mediante un poder especial que no estaba debidamente registrado en los archivos públicos. Según la fiscal Norma Salinas, este hecho, sumado al retiro de grandes sumas de dinero en una sucursal donde el límite de retiro en efectivo es de apenas G. 30 millones por ventanilla, sugiere complicidad dentro de la institución bancaria.
Involucrados quieren devolver G. 200 millones
Según la fiscal Norma Salinas, los involucrados han ofrecido devolver solo G. 200 millones de los G. 725 millones sustraídos. «Están desesperados tratando de encontrar la plata que ya dilapidaron», comentó la fiscal en contacto con ABC Cardinal, agregando que uno de los sospechosos ya comenzó a construir una vivienda con ese dinero. Entre los sospechosos también figuran funcionarios del Banco Nacional de Fomento de la sucursal de Repatriación, quienes habrían permitido que terceros retiraran los cheques destinados exclusivamente a los beneficiarios de la indemnización de la ANDE. Además, se habrían utilizado poderes especiales que no estaban registrados legalmente.
La fiscal resaltó que en dicha sucursal el tope de retiro en efectivo es de G. 30 millones, lo que pone en duda cómo se retiraron sumas tan elevadas. La investigación, que inicialmente se centraba en la apropiación, podría expandirse hacia otros delitos como estafa y lesión de confianza si se confirma que los involucrados mintieron y utilizaron documentos falsos para ejecutar el cobro de los cheques.
La ANDE se sumará a la demanda
El director de Asesoría Legal de la ANDE, Nelson Medina, manifestó la indignación de la institución ante los hechos. «Estamos espantados, asombrados e indignados», declaró Medina en contacto con ABC Cardinal. Señaló que la ANDE tomó conocimiento del caso por las publicaciones de medios locales y descartó cualquier complicidad de sus funcionarios. «El hecho grave es el cobro irregular por parte de terceras personas de cheques no transferibles», enfatizó Medina, asegurando que la ANDE sigue protocolos estrictos para este tipo de pagos.
Medina confirmó que representantes legales de la ANDE se trasladaron a Caaguazú para presentar una denuncia formal contra los responsables y añadió que todo apunta a una complicidad directa de personas dentro del banco, ya que los cheques no debieron ser entregados a personas cuyos nombres no figuraban en ellos.
Amenazas y consecuencias médicas para las víctimas
Las familias afectadas, que confiaron los trámites de indemnización a Acosta Armoa, están pasando por momentos críticos. Doña Juana Honorina Casco, madre de uno de los fallecidos, tuvo que ser hospitalizada debido a una descompensación mientras relataba su situación a los medios locales. La mujer, de 77 años, vive en una vivienda precaria sin piso ni baño. Según explicó, solo recibió G. 40 millones de los G. 400 millones que debía recibir, y le cobraron G. 10 millones en concepto de honorarios.
Días antes, uno de los implicados en la estafa visitó a Doña Juana, advirtiéndole que no debía comentar cuánto dinero había recibido de la indemnización.
La familia de las víctimas pide justicia
Mariana Benítez, hija de uno de los fallecidos, explicó que Acosta Armoa y el abogado Darío Flores, quien también está involucrado en el caso, les hicieron creer que no debían comentar a nadie sobre el proceso de indemnización. «Nadie sabía, ni los familiares sabían que cobramos. Nosotros seguimos trabajando vendiendo nuestra leche, calladitos», relató.
La familia sobrevive vendiendo leche producida por las cuatro vacas que poseen. «Nosotros solo pedimos que nos den el faltante», expresó Mariana, señalando que la salud de su madre ha empeorado debido al estrés provocado por la situación.
La investigación continúa
La Fiscalía trabaja para esclarecer todos los detalles del esquema de apropiación.
Las víctimas, mientras tanto, esperan que la justicia se imponga y que puedan recuperar el dinero que les fue arrebatado.
