¿Cuánto adeudan los transportistas en impuestos?

La DNIT reclama millones

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha lanzado un reclamo contundente a los transportistas del Área Metropolitana de Asunción, exigiendo más de G. 600 millones en impuestos a la renta.

Esta demanda surge tras una exhaustiva fiscalización impositiva que cubrió los años 2020, 2021 y 2022.

Se descubrió que varias empresas del sector habían declarado pérdidas fiscales para evadir el pago de tributos, una práctica que salió a la luz en medio de un escándalo de subsidios por pasajeros fantasma.

Subsidios y pasajeros fantasma

El conflicto se desató cuando un ciudadano, Sebastián Cáceres, publicó un video mostrando a un chofer de autobús realizando pagos de pasajes con múltiples tarjetas de billetaje, evidenciando un esquema de subsidios por pasajeros inexistentes.

Este incidente provocó la destitución del viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, y desencadenó una serie de investigaciones por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para esclarecer las irregularidades en los pagos de impuestos y el monitoreo del sistema de billetaje.

Empresas en la mira

La DNIT, bajo la dirección de Óscar Orué, llevó a cabo una fiscalización detallada, revelando que de las 35 concesionarias del Viceministerio de Transporte, 20 presentaban inconsistencias en sus declaraciones impositivas.

Se identificó que una empresa tenía su Registro Único del Contribuyente (RUC) bloqueado por falta de cooperación, mientras que cinco reconocieron las anomalías y saldaron sus deudas.

Otras cinco están bajo investigación, con posibles ajustes en los montos adeudados.

La situación de los choferes: un problema pendiente

Mientras las empresas de transporte enfrentan estas acusaciones de evasión fiscal, los choferes, representados por la Federación de Transportistas (Fetrat), continúan en una situación precaria.

Denuncian la falta de salario mensual fijo, ausencia de seguro social y sanciones desproporcionadas.

Su lucha por condiciones laborales justas sigue sin respuesta, destacando una disparidad significativa entre los beneficios empresariales y los derechos de los trabajadores.


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