El denunciado intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, con el rostro adusto ante los diputados. El denunciado intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, con el rostro adusto ante los diputados.

Intervenciones: ¿Acuerdo en marcha para impunidad?

Los intendentes de Valenzuela, Puerto Casado y Ñemby, quienes están bajo investigación en comisiones especiales que evalúan si deben otorgarse los acuerdos constitucionales necesarios para permitir la intervención de sus municipios, podrían encontrar cierta tranquilidad en medio de las acusaciones. Los rumores en los pasillos de la Cámara de Diputados sugieren que, a pesar de las graves denuncias, podría haber un acuerdo político para evitar la intervención.

Este supuesto acuerdo se basaría en la reciente asunción de las nuevas autoridades ejecutivas y podría implicar una decisión tácita de no intervenir en estos municipios. A pesar de que las comisiones ya han escuchado tanto a los denunciantes (concejales de los municipios) como las respuestas de los intendentes, las solicitudes de intervención podrían perder fuerza. Esto es particularmente notable dado que dos de los municipios en cuestión son de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y uno es liberal, y ambos partidos tienen una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados, ocupando más del 90% de los escaños.

Es importante recordar que la Cámara de Diputados debe otorgar su acuerdo constitucional para que se lleve a cabo una intervención municipal por parte del Ejecutivo.

Durante la última sesión, los diputados de ambas bancadas dejaron entrever sus opiniones sobre las intervenciones municipales, lo que podría reflejar la postura mayoritaria en la Cámara. El diputado Carlos Pereira, del Partido Liberal, expresó su preocupación por la situación de los intendentes y gobernadores del interior, argumentando que se les ataca por montos sin justificar y que los pequeños robos y los grandes son tratados de la misma manera.

Por su parte, el diputado colorado Hugo Meza señaló que los intendentes o gobernadores que administran áreas empobrecidas son tratados con todo el rigor de la ley.

En resumen, a pesar de las denuncias de corrupción, un posible acuerdo político podría proteger a los intendentes de Valenzuela, Puerto Casado y Ñemby de la intervención municipal, lo que refleja las dinámicas políticas en juego en la Cámara de Diputados. Los casos siguen siendo una muestra de la lucha contra la corrupción y la descentralización económica en el país.

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