IPS bajo la lupa: Auditoría del Poder Ejecutivo en proceso

A raíz de una solicitud del Dr. Jorge Brítez, actual presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), se ha confirmado que un equipo de auditores del Poder Ejecutivo ha comenzado a trabajar en la entidad. Su principal objetivo es revisar y analizar los datos vinculados al informe proporcionado por la Contraloría General de la República (CGR).

El informe de la CGR, que se basa en una auditoría financiera y de cumplimiento del ejercicio fiscal 2022, revela significativos despilfarros atribuidos al Consejo de Administración, liderado hasta el 15 de agosto por Vicente Bataglia. En respuesta a esto, el IPS, bajo la nueva dirección, ha solicitado una auditoría especial que abarcará todas las áreas del seguro social, incluyendo aquellas que no se mencionaron en el informe de la Contraloría.

Luis Cardozo, encargado de Administración y Finanzas del IPS, indicó que, aunque la auditoría se basará en el informe de la Contraloría, se extenderá a otras áreas dentro de la Gerencia de Administración Financiera y de la Gerencia de Abastecimiento y Logística. Resaltó la importancia de la transparencia en su gestión. Dos gerencias específicas serán el principal foco de las investigaciones: la Gerencia Financiera y Administrativa y la Gerencia de Abastecimiento y Logística.

Entre las anomalías ya identificadas, Cardozo mencionó la retención de documentos en la Dirección de Contabilidad y problemas con facturas que, tras ser certificadas, se reasignaron a otras empresas. Además, señaló que en la Dirección de Aporte Obrero Patronal hay alrededor de 48 mil certificados de deudas pendientes de tramitación. El IPS ha informado a la Fiscalía sobre el informe de la Contraloría, esperando que el Ministerio Público inicie una investigación y, si se confirma un delito, proceda con una denuncia penal.

En cuanto al plazo de la auditoría general llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, Cardozo mencionó que se espera analizar toda la documentación en un periodo inicial de 90 días, aunque este plazo podría extenderse según los hallazgos. Finalizó enfatizando la necesidad de mejorar la gestión y la calidad del gasto, con el objetivo principal de servir adecuadamente a los asegurados.

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