El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Rodolfo Segovia, ha defendido la duplicación de la ruta PY02, un proyecto que se lleva a cabo bajo la Ley de Alianza Público Privada (APP), y que le cuesta al estado paraguayo más de 80 millones de dólares al año. Esta defensa viene en medio de las críticas considerables de la ciudadanía, debido a la tarifa elevada del peaje.
El gobierno está realizando desembolsos millonarios para pagar al consorcio Rutas del Este, concesionario de la carretera por 30 años. La inversión proviene en un 60% de aportes estatales y el 40% restante se cubre con la recaudación del peaje, implicando un impacto financiero considerable para los ciudadanos, quienes se enfrentan a tarifas de peaje exorbitantes.
El Ministro Segovia parece centrarse en los beneficios a largo plazo del proyecto, en lugar de abordar directamente las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía y los costos financieros para el gobierno. Al finalizar una reunión que sostuvo con los camioneros, debido a las protestas que surgieron por la suba del peaje, los medios de prensa le consultaron al ministro si conviene el desarrollo de este tipo de obras en el país y el mismo, solo elogió la carretera duplicada, pero sin dar los pormenores del costo del mismo y del impacto de la financiación en el bolsillo de la población, y agregó «es una herramienta muy útil, solo hay que cumplir los compromisos”.
La presencia de una empresa paraguaya, Ocho A, en el consorcio Rutas del Este, que tiene conexiones políticas a través del senador Luis Pettengill, también ha generado controversia. La relación entre Pettengill y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y las adendas otorgadas al contrato del consorcio durante este gobierno, han causado sospechas de favoritismo y han llevado a preguntas sobre la integridad del proceso de concesión.
