El caso involucra a la pareja de Pedro Ramón González y Lilian Raquel Viana de González. Los mismos se encuentran detenidos e imputados por presuntamente utilizar documentos no auténticos para obtener un certificado consular de nacimiento de una bebé que afirman es su hija biológica.
El caso fue investigado inicialmente por la embajada de Estados Unidos en Paraguay, quien presentó una denuncia que dio pie a la intervención del agente fiscal José Martín Morínigo de la Unidad Penal n.° 3 de Asunción. El agente fiscal Morínigo trabajó en coordinación con el Departamento de Investigación de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
Los documentos presentados por la pareja para obtener el certificado consular incluían un Certificado de Nacido Vivo emitido por un médico con sello de la «Clínica Cabral», copias del Certificado de Nacimiento de la menor, copias de pasaportes y un certificado de Matrimonio. Sin embargo, se encontraron supuestos indicios de que la niña no sería hija biológica de la pareja.
Posteriormente, una comitiva fiscal y policial visitó la “Clínica Cabral” en San Lorenzo, donde el propietario aseguró que Lilian Raquel Viana nunca fue asistida allí y que las documentaciones presentadas parecían haber sido adulteradas.
Los González, portadores de pasaportes estadounidense y paraguayo respectivamente, buscaron obtener el certificado consular para la niña que afirmaban haber nacido en Asunción. Como parte de la investigación, el fiscal ordenó la detención de la pareja y solicitó la colaboración de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Capital.
La pareja fue detenida frente a la embajada de los Estados Unidos, y se incautaron de sus pertenencias personales y celulares. La niña quedó a cargo de la defensora de la Niñez y la Adolescencia para que tome las medidas de protección correspondientes.
Finalmente, la imputación presentada por el fiscal Morínigo incluye la supuesta producción de documentos no auténticos, violación a las reglas de adopción, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
El caso muestra la necesidad de implementar protocolos de verificación más robustos para evitar la utilización de documentos fraudulentos. Además, resalta la importancia de la colaboración entre las distintas entidades legales y diplomáticas en casos complejos como este.
