Decisión judicial pone fin a una práctica cuestionada
El Poder Judicial reveló un hallazgo sin precedentes: más de 23.000 juicios ejecutivos fraudulentos fueron tramitados en juzgados de Paz de Asunción y del Departamento Central, en el marco del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
Como consecuencia, se ordenó el levantamiento inmediato de los embargos que afectaban a miles de ciudadanos en todo el país.
La Corte depura miles de expedientes irregulares
Durante una sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia analizó el informe de la Oficina Técnica de la Justicia de Paz, que documenta irregularidades en miles de expedientes donde se habían dictado medidas sin base legal.
El relevamiento detectó embargos indebidos de salarios y haberes jubilatorios, aplicados a partir de juicios falsos iniciados con pagarés fabricados.
“Es un número muy significativo: 23.000 causas revisadas y depuradas. Esta labor responde a la Acordada N.º 1800/2025, dictada para fortalecer el control en los juzgados de Paz”, explicó el ministro Alberto Martínez Simón, quien destacó que la medida “libera a miles de ciudadanos de deudas inexistentes”.
Resultados de la revisión en Capital y Central
En el Departamento Central, se revisaron causas de 21 juzgados de Paz con estos resultados:
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3.433 expedientes finiquitados
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6.653 caducados
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177 nulidades declaradas
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2.700 levantamientos de medidas cautelares
En Asunción, el informe abarca seis juzgados de Paz (excepto el de Recoleta) y arrojó:
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5.764 expedientes finiquitados
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2.309 caducados
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319 anulados
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1.624 levantamientos de embargos
Total, más de 23.000 procesos fueron revisados, beneficiando a igual cantidad de personas que sufrían descuentos ilegales en sus ingresos.
Avances penales y acusaciones contra magistrados
El Ministerio Público presentó acusación formal contra varios magistrados, exmagistrados y funcionarios judiciales presuntamente involucrados en el esquema delictivo.
Entre los acusados figuran las juezas Analía Cibils, Nathalia Garcete, y los exjueces Víctor Nilo Rodríguez y Liliana González de Bristot, además de actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranzas.
Según los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, las empresas creaban pagarés falsos y promovían juicios ejecutivos simulados, falsificando notificaciones e informes para justificar embargos ilegales durante años.
Un precedente en la depuración judicial
La Corte Suprema calificó la revisión masiva como uno de los mayores procesos de saneamiento judicial de los últimos años.
El operativo busca restablecer los derechos de las víctimas y prevenir futuros abusos del sistema judicial, en un caso que desnuda cómo la corrupción también puede nacer dentro de la propia justicia.
🔗 El Poder Judicial detecta más de 23.000 juicios ejecutivos fraudulentos y ordena levantar embargos
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